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Manos muertas
El decreto de las «manos muertas » era un término que designaba, según los religiosos, los bienes y las tierras pertenecientes a Dios, que no se podían arreglar por tener un destino específico que era el cielo. En su origen se refería tanto a bienes civiles como eclesiásticos, aunque se utilizó principalmente para significar la propiedad eclesiástica. Los bienes, de ser bienes vinculados, no vendibles, La ley «de las manos muertas», protegidos así para cumplir su función esencial al servicio del bien común –mantenimiento del culto y de doctrinas, de escuelas, hospitales y asilos, de tierras de pastos y de cultivos comunales o arrendadas para ayuda de los más necesitados–, pasaron en la «desamortización», durante la revolución liberal del XIX, a ser propiedades de libre disposición, con nuevos dueños que comerciaron con ellas, obtuvieron notables enriquecimientos, y consiguieron una acumulación progresiva de grandes propiedades.
Así, las manos muertas eran los bienes de la Iglesia católica y de las órdenes religiosas que estaban bajo la protección de la Monarquía Hispánica. Ni obispos, abades y priores los podían enajenar. Las autoridades eclesiásticas que lo hiciesen podían ser suspendidas a divinis e incluso excomulgadas. Además, el que adquiriese dichos bienes los perdía; sólo se podría proceder legalmente contra la persona que se los había comprado o vendido, nunca contra la Iglesia.