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IV. Libertad para vivir en dignidad
127. En la Declaración del Milenio, los Estados Miembros afirmaron que no escatimarían esfuerzo alguno por promover la democracia y fortalecer el imperio de la ley y el respeto de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales internacionalmente reconocidos. Reconocían así que, si bien la libertad para vivir sin miseria y la libertad para vivir sin temor son fundamentales, no resultan suficientes. Todos los seres humanos tienen derecho a ser tratados con dignidad y respeto.
128. La protección y la promoción de los valores universales del imperio del derecho, los derechos humanos y la democracia constituyen fines por sí mismas. También son imprescindibles para lograr un mundo de justicia, oportunidad y estabilidad. No habrá plan de seguridad ni campaña en pro del desarrollo que consiga sus objetivos si no reposa en el sólido fundamento del respeto por la dignidad humana.
129. En lo que se refiere a leyes promulgadas, ninguna generación ha heredado el tesoro que poseemos. Tenemos la fortuna de contar con lo que constituye una carta internacional de derechos humanos, que comprende normas admirables para proteger a los más débiles de nuestros semejantes, en particular las víctimas de los conflictos y las persecuciones. También contamos con un conjunto de normas internacionales sobre todos los temas, del comercio al derecho del mar, del terrorismo al medio ambiente y de las armas pequeñas a las armas de destrucción en masa. A través de una dura experiencia, la humanidad ha cobrado conciencia de la necesidad de incorporar en los acuerdos de paz disposiciones sobre los derechos humanos y el imperio del derecho y asegurarse de su cumplimiento. Una experiencia todavía más dura nos ha llevado a afrontar el hecho de que nunca debe permitirse que ningún principio jurídico —ni siquiera la soberanía— sirva de pretexto para el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y el sufrimiento humano generalizado.
130. Sin embargo, si no cumplimos lo acordado, nuestras declaraciones son palabras huecas. Si no pasamos a la acción, nuestras promesas son vanas. Los vecinos de las aldeas que se apiñan temerosos al oír el fragor de los bombardeos aéreos del gobierno o al ver aparecer a milicias asesinas no hallan consuelo en las palabras incumplidas de los Convenios de Ginebra, por no mencionar las solemnes promesas de “nunca más” que hizo la comunidad internacional cuando reflexionaba sobre los horrores de Rwanda hace un decenio. Los tratados que prohíben la tortura no sirven para consolar a los prisioneros que sufren abusos en manos de sus captores, especialmente si los mecanismos internacionales de derechos humanos permiten que los responsables se escondan detrás de sus amigos de las altas esferas. Una población hastiada de guerra a la que la firma de un acuerdo de paz infunde nuevas esperanzas pronto cae en la desesperación cuando, en lugar de percibir un progreso tangible hacia un gobierno respetuoso de la legalidad, ve cómo caudillos militares y cabecillas de bandas delictivas toman el poder y ocupan el lugar de las leyes. Las solemnes promesas de fortalecer la democracia en sus países que formularon todos los Estados en la Declaración del Milenio siguen siendo palabras vacías para quienes nunca han votado a sus dirigentes ni ven señal alguna de que estén cambiando las cosas.
131. Para impulsar una visión basada en un concepto más amplio de la libertad, las Naciones Unidas y sus Estados Miembros deben fortalecer el marco normativo que se ha promovido de modo tan admirable en los seis últimos decenios. Más importante aún es que adoptemos medidas concretas para reducir la tendencia a la aplicación selectiva de ese marco, el control arbitrario de su cumplimiento y su quebrantamiento con impunidad. Con esas medidas se daría nueva vida a los compromisos asumidos en la Declaración del Milenio.
132. Por consiguiente, creo que en 2005 deben adoptarse decisiones para contribuir a fortalecer el imperio de la ley en los planos internacional y nacional, potenciar la relevancia y la estructura de los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas y apoyar más directamente los esfuerzos por instituir y profundizar la democracia en las naciones de todo el mundo. También debemos avanzar hacia la meta de asumir la “responsabilidad de proteger” a las víctimas posibles o reales de atrocidades masivas y actuar en consecuencia. Ha llegado la hora de que los gobiernos deban rendir cuentas, ante sus ciudadanos y ante los demás gobiernos, del respeto a la dignidad de la persona, que con demasiada frecuencia se limitan a proclamar. Debemos pasar de la era de la formulación de leyes a la era de su cumplimiento. Nuestros principios declarados y nuestros intereses comunes no nos exigen menos.
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