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Respuesta:
ok
Explicación:
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1. DERECHO A LA EDUCACIÓN
España adoptó varias medidas destinadas a lograr los objetivos de ahorro y eficiencia de gasto desde el comienzo de la crisis. Por ejemplo, se estableció una reducción media del 5% en los salarios de todos los trabajadores públicos – incluyendo a maestros – en 2010 y, posteriormente, una congelación salarial (2011); mientras que a su vez el volumen de horas de enseñanza semanales (su jornada laboral) aumentó, así como lo hizo el número de estudiantes por maestro. Por otra parte, el presupuesto general para educación se redujo, lo que supuso una disminución del presupuesto para becas y ayudas al estudio de un 15,75% en el periodo de 2011-2012 a 2013-2014. Por último, también las subvenciones destinadas a los comedores escolares se redujeron (sobre el 30 – 50%) en varias comunidades autónomas,
. DERECHO A LA SANIDAD
En España, las competencias con respecto a la educación (así como pasa con la educación) son compartidas entre el Gobierno Central y las comunidades autónomas. Así pues, el primero se encarga del funcionamiento general del sistema, mientras que las comunidades autónomas gestionan el 90% del presupuesto público en salud. En 2011, el gasto total en salud fue equivalente al 9.4% del PIB (último valor disponible), por encima de la media de la OCDE (de 9,3%).
3. DERECHO AL TRABAJO
El mercado de trabajo español se vio gravemente afectado por la crisis. Ya años antes de la crisis, el desempleo en España estuvo siempre por encima de la media de la UE. Sin embargo, la sensibilidad del mercado laboral a la caída del PIB fue mucho mayor en España que en la mayoría de los países de la OCDE: desde 2008, el número de parados aumentó hasta alcanzar el 26,7% en octubre de 2013 – más de tres veces el promedio de la OCDE (de 7,9%)
4. DERECHO AL ACCESO A LA JUSTICIA
En España, las tasas judiciales existieron hasta 1987, cuando fueron eliminadas para garantizar un mejor acceso a la justicia y prevenir la corrupción en las oficinas judiciales. En 2002, la Ley 53/2002 impuso de nuevo las tasas para empresas y personas jurídicas con ingresos superiores a 8 millones de euros. Más tarde, en medio de la crisis, se aprobó la Ley 10/2012 de tasas en el ámbito de la administración de justicia, con el objetivo de evitar la sobrecarga de los tribunales
5. DERECHO DE REUNIÓN
En los últimos años, España ha vivido un período de agitación caracterizado por un volumen notable de manifestaciones, sobretodo como medio de protesta contra las medidas de austeridad. Éstas recibieron una respuesta represiva por parte del Gobierno y las fuerzas de seguridad del Estado, según lo informado por Amnistía Internacional. En este contexto, en noviembre de 2013, el Gobierno español presentó una propuesta legislativa supuestamente comprometida con “los derechos fundamentales y libertades que el ordenamiento jurídico reconoce a los ciudadanos para que la violencia y el vandalismo tengan una respuesta legal”
6. DERECHO A LA VIVIENDA
En respuesta a la imposibilidad de las familias de pagar sus hipotecas, 415,117 procedimientos de ejecución hipotecaria y 244,278 desahucios tuvieron lugar entre 2008 y 2012 en España. Por una parte, muchos de estos procedimientos se realizaron gracias a las cláusulas abusivas incluidas en los contratos hipotecarios, y contrarias al derecho de la Unión Europea (UE). La normativa española relativa a los bienes hipotecados fue modificada para adaptarse a un auto del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), para que el deudor y el banco sean considerados iguales ante la ley. Esta modificación también podría interpretarse como el reflejo de la posición del Gobierno en reacción al conflicto social generado. Sin embargo, el TJUE ha reiterado su jurisprudencia este año, considerando que los jueces españoles pueden anular cualquier cláusula hipotecaria que consideren abusiva.