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Cuentan con los peores servicios médicos, si algunos, sin la debida atención a los que enfrentan condiciones de salud emocional, sirviendo para ellos de refugio ante la ansiedad y la desesperación el alcohol y las drogas que se venden en la economía subterránea. Durante poco más de un siglo en Puerto Rico y en los Estados Unidos a través de lo que se conoce como corporaciones sin fines de lucro, fideicomisos o fundaciones, también se ha llevado a cabo dicha labor. Para poder sufragar sus gastos, si no cuentan con un fondo dotal creado por algún multimillonario o por corporaciones billonarias, las organizaciones creadas para esos fines han dependido a lo largo del tiempo de las contribuciones caritativas por parte de la gente, de las actividades que llevan a cabo para recaudar fondos y de las ayudas que reciben del gobierno, incluyendo los gobiernos municipales. El 22 de enero ese mismo medio reportaba cómo el Secretario se comprometía a buscar fondos federales para esas organizaciones.
Por otro lado el 17 de junio de 2017 el Senador independiente José Vargas Vidot expresaba su oposición a que se diera curso a recortes por 41 millones de dólares para las ayudas que se brindan a organizaciones sin fines de lucro. Mientras tanto en lo que parece ser una pequeña ventana de participación y expresión para las organizaciones en su enfrentamiento con la situación fiscal para tratar de hacer ver ante el gobierno de Puerto Rico cuán necesaria es su aportación a la sociedad, el Secretario de Hacienda se ha comprometido a reunirse con varias de esas organizaciones periódicamente. Una de las organizaciones que está participando en dichas reuniones es el Movimiento Una Sola Voz . Informó además, y ésta es una determinación por parte del gobierno que puede ser bien dramática, seria y controversial por el efecto que puede tener entre las organizaciones y las comunidades que sirven, que el gobierno habrá de subastar servicios que provee el Departamento de la Familia, así como otros servicios sociales y culturales de forma tal que sean provistos por organizaciones sin fines de lucro. De dar el gobierno ese paso, la competencia entre las organizaciones será mayor, las que cuenten con mayores recursos podrán desplazar a las más pequeñas, y el riesgo de que algunas comunidades necesitadas queden al margen de los servicios a ser provistos aumenta.
Esta precariedad debiera provocar una reflexión entre las organizaciones en torno a cuatro retos que enfrentan.
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