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En los próximos días y semanas se estará discutiendo y negociando la Ley de la Guardia Nacional. Uno supondría que, cualquiera que sea el resultado, éste deberá reflejar el acuerdo político que se había construido alrededor de la Guardia y, sobre todo, lo que el país necesita para enfrentar eficazmente su crisis de seguridad.
No obstante, es difícil ser optimista dado el contexto en el que se ha promovido la existencia de esta nueva corporación. Cabe recordar el abrupto incremento presupuestal para la Secretaría de Defensa Nacional en detrimento de las instituciones civiles; el otorgamiento de negocios y más responsabilidades a la Secretaría, con la construcción y operación del aeropuerto de Santa Lucía; el creciente mando operativo de militares sobre policías locales, y el permiso constitucional para que las Fuerzas Armadas operen como policías.
Sólo con respecto a la reforma constitucional se cometieron al menos dos graves errores en la negociación política que ponen en jaque el carácter civil de la seguridad pública. Por un lado, se otorgó a las Fuerzas Armadas facultades que eran exclusivas de las policías, por lo que ahora un militar en activo podrá, ante un hecho delictivo, realizar investigaciones, corroborar denuncias penales, hacerse de pruebas, detener en casos de flagrancia; facultades todas ellas ajenas a la naturaleza del instituto armado. Por otro lado, desde un punto de vista orgánico, en lugar de homologar la nueva estructura al diseño de la Policía Federal, se definió una que deberá homologarse a la jerarquía, disciplina, capacitación y la profesionalización propias de las Fuerzas Armadas. En síntesis, esa Guardia que tanto se aplaudió por su carácter civil, no iba a ser nunca civil.
Ahora que se definieron los mandos militares de esta nueva estructura, surgen reclamos extemporáneos, cuando ya no habría por qué sorprenderse. Como ya se ha dicho, hasta el momento, lo único que tiene la Guardia de civil es un disfraz administrativo.
Estos son los antecedentes de la próxima Ley de la Guardia Nacional. Dado que ya el gobierno ha logrado avanzar vertiginosamente en la militarización del país, es reducido el margen que resta para acotar esta inercia política. Ese margen está definido por dos espacios legales: el primero es el séptimo transitorio de la reforma constitucional, que establece la obligación de fortalecer las policías locales; el segundo se refiere precisamente a la necesidad de elaborar la Ley de la propia Guardia.
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