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Desde diciembre del año pasado, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) tenía claro que en Colombia habría ciertos grupos de empresarios que estarían pactando precios y repartiendo el mercado en el que trabajaban para su propio beneficio, violando el régimen de libre competencia. Sus sospechas fueron tan fuertes que abrieron investigaciones contra azucareros, arroceros y hasta cementeros.
Por eso, el ente regulador emprendió una lucha para sacarlos a la luz y sancionarlos, y para lograrlo trajo al país uno de los modelos más usados por los norteamericanos: la delación. Se trata, ni más ni menos, del Programa de Beneficios por Colaboración. Allí, si uno de los vinculados al ‘cartel de precios’ confiesa su participación y aporta las pruebas suficientes para desmantelar a los ‘cabecillas’ y demás activos participantes, podrá quedar exonerado de la indagación.
Y eso, justo, fue lo que sucedió en el ‘cartel de los pañales’, el que, de acuerdo con la SIC, estaba conformado por las empresas Tecnoquímicas, Tecnosur, Colombiana Kimberly Colpapel, Productos Familia y Drypers Andian, dueños de las marcas Winny Ultratrim, Pequeñín, Huggies y Baby Sec. Asegura el ente regulador que estarían violando el “régimen de libre competencia con su participación en acuerdos empresariales con el fin de aumentar artificialmente el precio de los pañales desechables para bebé en Colombia desde el año 2000 y hasta el año 2013, fijar la calidad de los mismos y forma de comercialización”.
Todo se supo después de las visitas hechas por los investigadores de la SIC en noviembre del año pasado.