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Respuesta:
La Provincia de Buenos Aires, como parte integrante de la República Argentina, constituida bajo la forma
representativa republicana federal, tiene el libre ejercicio de todos los poderes y derechos que por la Constitución
Nacional no hayan sido delegados al Gobierno de la Nación.
Todo poder público emana del pueblo; y así éste puede alterar o reformar la presente Constitución, siempre
que el bien común lo exija y en la forma que por ella se establece.
En ningún caso y bajo ninguna circunstancia las autoridades provinciales pueden impedir la vigencia de
esta Constitución.
Toda alteración, modificación, supresión o reforma de la presente Constitución dispuesta por un poder no constituido o
realizada sin respetar los procedimientos en ella previstos, como así también la arrogación ilegítima de funciones de un
poder en desmedro de otro, será nula de nulidad absoluta y los actos que de ellos se deriven quedarán sujetos a
revisión ulterior.
Quienes ordenaren, ejecutaren o consintieren actos o hechos para desplazar inconstitucionalmente a las autoridades
constituidas regularmente, y aquellos que ejercieren funciones de responsabilidad o asesoramiento político en
cualquiera de los poderes públicos, ya sean nacionales, provinciales o municipales, quedarán inhabilitados a
perpetuidad para ejercer cargos o empleos públicos, sin perjuicio de las sanciones civiles y penales que fueren
aplicables.
También agravian y lesionan la sustancia del orden constitucional los actos de corrupción. La ley creará el Tribunal
Social de Responsabilidad Política que tendrá a su cargo examinar los actos de corrupción que pudieren cometer los
funcionarios de los poderes públicos, provinciales y municipales.
A los habitantes de la Provincia les asiste el derecho de no acatar las órdenes o disposiciones provenientes de los
usurpadores de los poderes públicos.