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Las guerras deberían terminar apenas cesan las hostilidades. Sin embargo, las minas antipersonal siguen causando muertes y lesiones mucho tiempo después de que los conflictos han concluido. Las minas antipersonal no distinguen entre civiles y combatientes. Numerosos civiles mueren o sufren una amputación a causa de esas armas mucho tiempo después de finalizados los enfrentamientos. Vastas extensiones de tierra quedan inutilizadas, al igual que diversos medios de sustento. Las comunidades sufren los efectos de estas armas durante décadas, incluso después de terminados los conflictos armados.
En 1997, la comunidad internacional aprobó la Convención sobre la prohibición de las minas antipersonal, que dispone una prohibición total de esas armas.
La campaña por la prohibición de las minas antipersonal fue una de las mayores iniciativas humanitarias de las últimas tres décadas. El CICR, junto con los Gobiernos y muchos otros organismos, abogó por una prohibición total del empleo, el almacenamiento, la producción y la transferencia de esas armas. La comunidad internacional respondió mediante la aprobación de la Convención sobre la prohibición de las minas antipersonal. Pero ese fue sólo el comienzo. Era necesario implementar el tratado.
Quince años después de la aprobación de la Convención, se han logrado avances significativos, pero aún queda mucho por hacer, sobre todo en lo relativo a la remoción de minas y a la atención de las necesidades de las personas heridas y sus familiares.
Hasta el presente, más de tres cuartas partes de los países del mundo se han adherido a la Convención sobre la prohibición de las minas antipersonal. Gracias a ello, los índices anuales de víctimas han disminuido considerablemente. Sin embargo, en más de 60 Estados y regiones afectados por las minas antipersonal, el legado de conflictos internos pasados, y presentes, sigue provocando miles de víctimas por año, sobre todo en los Estados más gravemente afectados, como Afganistán, Pakistán, Colombia y Myanmar.