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El 16 de septiembre de 1955 el General Eduardo Lonardi inició el levantamiento militar que derrocaría al General Perón después de una década en el poder. El día 19 se transmitía por radio un comunicado de renuncia de Perón justificada como “la única forma de evitar un baño de sangre”.
En la mañana del 20 de septiembre Perón confesaba a su mayordomo, un suboficial retirado: “Hace dos días que no duermo y ya no hay nada que hacer”; ese día partió a la embajada de Paraguay, donde fue trasladado para embarcarse en la cañonera que lo llevaría al país al que pidió asilo. Desde su aparición en la escena nacional en 1943, el General Perón había construido un régimen sustentado en el apoyo de las amplias masas de trabajadores a través de poderosas organizaciones sindicales. Las conquistas obtenidas por la clase obrera se lograban a la par que sus sindicatos se vinculaban más y más al Estado y se enquistaba en ellos una burocracia sindical con privilegios nunca vistos hasta entonces. Estas organizaciones burocratizadas jugaron un rol central en el disciplinamiento del movimiento obrero, junto con la ideología peronista de conciliación entre capital y trabajo, y de la creencia en el papel regulador del Estado.
Las condiciones económicas excepcionales de los primeros años peronistas habían permitido jugosas ganancias a las patronales, al tiempo que los trabajadores obtenían convenios colectivos de trabajo con grandes conquistas sociales. El cambio de estas condiciones económicas en los años ‘50 anunció la crisis que hará necesario liquidar muchas de las conquistas obreras, aumentar la productividad del trabajo, garantizando, en definitiva, las ganancias capitalistas. El ataque del gobierno y las patronales contra los derechos de los trabajadores contarían con un gran instrumento: la burocracia sindical. Sin embargo, los trabajadores salieron en defensa de sus conquistas aun en contra de sus propios dirigentes. “Algunos sindicatos… han iniciado un movimiento por mejores salarios. Ellos negociaron directamente con la patronal, acción que está prohibida por las normas que rigen al movimiento obrero argentino. Ningún afiliado tiene el derecho de exigir aumentos de salarios si no es a través de sus propias direcciones sindicales nacionales”, estas palabras de Perón - de fines de 1953 - respondían a las huelgas que los trabajadores estaban empezando a organizar frente a la pérdida del poder adquisitivo de los salarios.