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Explicación:
El reinado de Juan Carlos I de España comenzó el 22 de noviembre de 1975, cuando el entonces príncipe de España Juan Carlos de Borbón juró las Leyes Fundamentales del Reino ante las Cortes franquistas tras el fallecimiento del dictador Franco, que lo había designado como sucesor en 1969; terminó el 19 de junio de 2014, cuando abdicó en su hijo Felipe de Borbón y Grecia, quien juró la Constitución de 1978 y fue proclamado rey por las Cortes Generales con el nombre de Felipe VI.
En los primeros años de su reinado tuvo lugar la transición a la democracia, por lo que España dejó de ser la única dictadura no comunista que quedaba en Europa. El nuevo rey asumió el proyecto del sector reformista de la élite política franquista que, frente a los inmovilistas, defendía la necesidad de introducir cambios graduales en las leyes fundamentales para que la nueva Monarquía fuera aceptada en el conjunto de Europa. Este proyecto fue el que intentó poner en marcha su primer gobierno presidido por Carlos Arias Navarro, que ya había encabezado el último gobierno del general Franco. Sin embargo, ante la incapacidad demostrada por Arias Navarro, Juan Carlos nombró en julio de 1976 al franquista reformista Adolfo Suárez nuevo jefe del Gobierno para que llevara adelante el proceso de transición a la democracia sin que se produjera ninguna «ruptura» con el «régimen anterior». Fue así como surgió la Ley para la Reforma Política que fue aprobada por las Cortes franquistas y revalidada en referéndum en diciembre de 1976. Según esta nueva ley fundamental se convocaban elecciones libres a unas Cortes elegidas democráticamente. El problema de Suárez fue conseguir que el proceso de transición «controlada» establecido en la Ley para la Reforma Política fuera aceptado por la oposición democrática ya que ésta, a cambio de abandonar la «ruptura democrática» y de participar en las elecciones, exigió que las instituciones franquistas fueran desmanteladas y que todos los partidos sin excepción —lo que suponía incluir al Partido Comunista de España— fueran legalizados. Superando graves dificultades el presidente Suárez logró esos dos objetivos y las primeras elecciones libres desde 1936 pudieron celebrarse el 15 de junio de 1977.
Unión de Centro Democrático (UCD), el partido organizado desde el poder por el presidente Suárez, ganó las elecciones, aunque no por mayoría absoluta, y buscó el consenso del resto de fuerzas políticas —y especialmente del otro gran triunfador, el PSOE— para elaborar el nuevo marco jurídico que debía sustituir al de las leyes fundamentales del franquismo, además de hacer frente a la crisis económica, a la reaparición de la cuestión regional y al incremento del terrorismo de ETA. Así fue como se fraguó el modelo de transición política a la democracia que estuvo basado en la Ley de Amnistía de 1977 que incluyó todo lo que había sucedido durante la dictadura franquista —por lo que constituyó un supuesto «pacto del olvido»—[1][2] y en la aprobación de una Constitución de consenso a cambio de que los partidos de izquierda abandonaran su pretensión de instaurar la República. El 6 de diciembre de 1978 se celebró el referéndum que aprobó la nueva Constitución democrática.
Una vez refrendada la Constitución el presidente Suárez convocó elecciones para marzo de 1979 que fueron ganadas por UCD pero de nuevo sin mayoría absoluta. Durante los dos años siguientes el partido del gobierno sufrió un agudo proceso de descomposición interna que culminó con la dimisión de Adolfo Suárez en enero de 1981. Al mes siguiente tuvo lugar un intento de golpe de Estado por parte de un sector del ejército que pretendía paralizar el proceso democrático y que solo la decidida intervención del rey Juan Carlos I logró detener. Tras el 23-F el nuevo gobierno de UCD presidido por Leopoldo Calvo Sotelo logró gobernar en gran medida gracias al apoyo que le dio el PSOE y su líder Felipe González porque la autodestrucción de UCD continuó hasta que en octubre de 1982 se celebraron nuevas elecciones que fueron ganadas de forma aplastante por el PSOE. Así accedió al poder un partido que había sido uno de los vencidos en la guerra civil de 1936-1939.
Después de 1982 el sistema democrático se consolidó y España vivió un largo período de estabilidad política en el que se produjo la alternancia en el gobierno entre la izquierda y la derecha de forma pacífica siguiendo el dictado de las urnas (el PSOE gobernó entre 1982 y 1996 y entre 2004 y 2011; el Partido Popular, surgido de la «refundación» en 1989 de Alianza Popular, entre 1996 y 2004 y entre 2011 y 2014). Resultó decisivo para la consecución de la estabilidad política que las posiciones de los dos grandes partidos sobre los problemas más importantes no fueran antagónicas y que no hubiera grandes «fracturas sociales», esto último gracias al desarrollo del Estado del bienestar y de las políticas de protección social.