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“Fue el gobierno del presidente Alberto Fujimori el mas corrupto en la historia del Peru? A primera vista podría parecer que sí, considerando la difundida cobertura de una corrupción generalizada y sistemática que involucró una amplia gama de instituciones y personajes tanto públicos como privados. Las riendas del meollo de la Administración Pública nacional evidentemente fueron capturados por grupos militares y civiles asociados en la corrupción.
Según algunos historiadores, el nivel de corrupción de la década de 1990 definitivamente superó al de todos los demás gobiernos de la historia moderna y sería comparable tal vez únicamente con el periodo colonial, cuando los mecanismos corruptos eran algo inherente al sistema del poder y generación de riqueza. La corrupción se generaliza y queda ampliamente aceptada como algo intrínseco al sistema institucional cuando se ve asistida por normas informales, un gobierno autoritario, la impunidad judicial y la falta de transparencia.
El cuadro A.1 (arriba!) intenta cuantificar los casos mas notables de los fondos desviados a traves de medios corruptos, sobre la base de las investigaciones parlamentarias, judiciales y fiscales efectuadas desde el final del regimen de Fijimori (hasta julio de 2007). Al preparar este cuadro se tuvo cuidado de evitar la doble contabilidad.
Ademas de los escándolos de corrupción mas notorios asociados con Fujimori, Montesimos y las fuerzas armadas, hubo grandes costos indirectos debido a costo de oportunidad de las inversiones extranjeras que no llegaron al pais a causa de la corrupción. (La corrupción en cooperación con la inversion extranjera no ha sido investigada con la misma intensidad por el autor con compromisos academicos en EEUU, la redacción.) De este modo, se impidió que hubiese niveles mas altos de inversion local y extranjera, hecho que ocasionó disminuciones en la producción local, el empleo y la educacion. En general, puede decirse que la década de 1990 fue una época de oportunidades perdidas para reformar eficientemente el sistema de intervencionismo estatal anterior, sin sacrificar una destribución del ingreso mas equitativa y tergiversar políticas economicas ortodoxas. Otros costos institucionales incluyeron los serios daños infligidos a las instituciones militares, policiales y de inteligencia; a los poderes legislativo y judicial; a la educación y, sobre todo, al marco constitucional y el imperio de la ley.
Según los estimados de cuadro A.1, y sin añadir otras formas de corrupción, su costo medio en la década de 1990 alcanzó un monto de alrededor de 1.409 milliones de dolares al año, un monto equivalente al 34 por ciento del gasto gubernamental anual y al 3.1 por ciento del PBI medio anual. Otros cálculos han subestimado el costo total de la corrupción al no tomar en cuenta los costos indirectos de inversión.” (Alfonso W. Qiroz, Historia de la corrupción en el Perú, p. 432)