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Respuesta:
Pese a los avances en la integración de personas con síndrome de Down, en ocasiones salen a la luz casos como los acontecidos en una comunidad de propietarios de la localidad madrileña de Boadilla del Monte, en la que se prohibió a una vecina de 16 años con esta discapacidad utilizar la piscina y el ascensor sin un acompañante mayor de edad, un derecho del que sí disfrutan los adolescentes de su misma edad. “Nos permitimos el lujo de tomar decisiones sobre su vida de manera arbitraria, porque esperamos que sean personas que no saben, no pueden o no sirven”, afirma Agustín Huete García, profesor del Departamento de Sociología y Comunicación en la Facultad de Educación y miembro del Instituto Universitario de Integración en la Comunidad (INICO) en la Universidad de Salamanca. Pero sostiene que esto no va a ser siempre así
Respuesta:
No.
Explicación:
Es una queja tan amarga como lógica que nos lleva a pensar que aún queda mucho camino por hacer para la inclusión social de los discapacitados intelectuales. Porque al lado de numerosas iniciativas admirables que fomentan la inserción laboral y social de estas personas conviven aún gestos y actitudes ancladas en prejuicios abusivos y movidos, en los dos casos, por inhumanos motivos empresariales. Es por ello que la denuncia pública debería ir acompañada además de las sanciones que sean normativas para que no vuelvan a repetirse unas situaciones que nunca deberían quedar en la anécdota. Una sociedad avanzada lo es si lucha porque las personas con discapacidad disfruten de igualdad de condiciones que el resto de la población. Lo contrario entra en el terreno de una inaceptable discriminación.