Respuestas
Numerosos países de América Latina experimentaron en los 80 e inicio de los 90
la transformación de sus estructuras políticas del autoritarismo a la democracia.
En ese mismo tiempo y con el fin de encauzar los profundos desequilibrios fiscales
y monetarios heredados, los nuevos gobiernos democráticos se encaminaron, con
distinta rapidez y consistencia, hacia la ejecución de políticas públicas –exigidas
por las instituciones crediticias internacionales y urgidas por la dimensión de la
crisis– de achicamiento del Estado, ajuste fiscal, liberalización cambiaria,
desregulación crediticia y apertura económica.
En este contexto, no hubo actores políticos y sociales relevantes en condiciones
de soslayar la redefinición de sus intereses e identidades, ni gobiernos que
lograran escapar a la toma de decisiones reñidas con sus propias tradiciones
políticas y las expectativas de sus bases sociales. En aquellos países con
instituciones políticas débiles, tales cambios fueron vehiculizados a través de
reformas no consensuadas, implementadas por decreto o delegación legislativa,
que estiraron las atribuciones del presidencialismo a la máxima expresión posible
en los límites de la democracia. La lógica del intercambio político y los
compromisos, que había sido teorizada en los albores de la democratización en
aras de obtener la legitimación social del nuevo régimen democrático, dejó paso,
en consecuencia, a la lógica del gobierno de emergencia y de la decisión veloz
tomada por el Ejecutivo para enfrentar las situaciones de punzante crisis
económica. El caso argentino no se aparta del cuadro apenas esbozado.