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Antes del impacto de la pandemia por la COVID-19 (Coronavirus) y, a pesar de la desaceleración en los últimos años, Panamá se encontraba entre las economías de más rápido crecimiento a nivel mundial, con un promedio anual de 4,6% en los últimos cinco años.
Se prevé que los efectos de la pandemia sobre la economía panameña sean significativos con afectación en los principales indicadores macroeconómicos. La posición fiscal del país se verá deteriorada como consecuencia de la caída de la demanda agregada y de los ingresos a raíz de la ralentización de la economía y el aplazamiento del pago de algunos impuestos, frente al fuerte aumento del gasto público derivado de los programas de sanidad y protección social.
Se espera que el crecimiento para el 2020 se contraiga de forma significativa y afecte las principales áreas laborales, como servicios y construcción. Aunque casi todos los sectores han sido golpeados, se esperan contribuciones positivas al crecimiento por parte del gasto público, pero con el consecuente aumento del déficit fiscal y la deuda pública. Se prevé una leve recuperación para 2021 impulsada por una mejora de los flujos comerciales, la recuperación de los sectores del transporte, la logística y otros sectores asociados al Canal, así como repuntes en los sectores de la minería y la construcción, junto a mejoras del consumo interno y las inversiones.
Panamá ha progresado con la reducción de la pobreza en los últimos años, en parte debido al crecimiento económico y a las transferencias públicas. Entre 2015 y 2018, si utilizamos la línea de pobreza de US$5,5 al día, resultaría en una disminución de pobreza del 15,4% a un 12,6%, mientras que la pobreza extrema, fijada en US$3,2 diarios, declinó de 6,7% a 5,2%.
Sin embargo, la pobreza solo disminuyó marginalmente en 2019 y se vislumbra que los impactos de la pandemia por la COVID-19 afecten los avances logrados, agudizando los niveles de pobreza e inequidad dentro de los grupos más pobres y vulnerables en las poblaciones indígenas y afrodescendientes.
El acceso a los servicios básicos no es universal y depende de factores como la ubicación geográfica, niveles educativos, etnicidad e ingresos de los hogares. Hay grandes dicotomías entre el ámbito rural y urbano: la pobreza prevalece en áreas rurales que, a su vez, están en su mayoría habitadas por poblaciones indígenas y afrodescendientes. Por ejemplo, la esperanza de vida en los hombres y mujeres indígenas que viven en sus territorios (67,75) es de 11 años menos que el resto de la población (79); y la tasa de mortalidad materna es cuatro veces mayor en las mujeres indígenas que habitan en sus territorios que el promedio nacional de todas las mujeres (392 en Darien vs. 35.4 en todo el país, por cada 100,000 partos).
Estas disparidades aumentarán en el corto y mediano plazo como consecuencia de la COVID-19, la cual se espera que provoque un aumento la inseguridad alimentaria y, por lo tanto, en la desnutrición aguda y crónica infantil y las deficiencias de micronutrientes, especialmente en áreas rurales, lo que amenaza los avances recientes. Asimismo, casi un millón de estudiantes han sufrido la interrupción de las clases presenciales, con los subsiguientes impactos en los resultados de aprendizaje y pérdida de conocimientos, efectos que también son más agudos entre los estudiantes de menores recursos.
Sostener un crecimiento alto e inclusivo a mediano y largo plazo requerirá responder a limitaciones históricas. Éstas incluyen: mejorar la prestación de servicios sociales básicos, como educación, salud, agua y saneamiento, sobre todo en las poblaciones vulnerables; fortalecer las destrezas y la eficiencia de las instituciones públicas; así como la provisión de infraestructura clave. El desarrollo del capital humano debe desempeñar un papel más importante.
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