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Se trata de una norma que prohíbe los desmontes arbitrarios y crea un fondo para la protección de las especies nativas. A más de cuatro años, en qué estado se encuentra la ley.
En plena emergencia forestal, en marzo de 2007, el entonces presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, Miguel Bonasso, denunció el intento de boicot a la aprobación de la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos. Finalmente el texto se convirtió en ley en diciembre y recién en febrero de 2009, luego del alud que se produjo en Tartagal (Salta), el Poder Ejecutivo la reglamentó. A cuatro años de su sanción, para los especialistas la ley es un gran paso para fomentar el desarrollo sustentable pero señalan que se destinaron menos fondos de los que establece el texto.
Se trata de una norma que establece la suspensión de nuevos permisos de desmontes hasta que cada provincia realice el Ordenamiento Territorial de sus Bosques Nativos (OTBN) en forma participativa; obliga a hacer un estudio de impacto ambiental y una audiencia pública antes de autorizar un desmonte; exige respetar los derechos de indígenas y campesinos sobre los bosques que habitan, y crea un fondo para la protección de los bosques.
Consultada en una entrevista en Página 12, Silvia Révora, subsecretaria de Planificación y Política Ambiental de la Nación, subrayó: “La Ley de Bosques es una ley pionera. Que el Estado pague por los servicios ambientales de los bosques nativos nunca se había dado en Latinoamérica”. No obstante, admitió que su aplicación ha tenido dificultades, como en el caso de la asignación presupuestaria.
La ley 26.331 crea en su artículo 31 el Fondo Nacional para la Conservación de los Bosques Nativos (FNCBN), cuyas principales fuentes de financiamiento son: las partidas presupuestarias que el Ejecutivo asigna anualmente, “las que no podrán ser inferiores al 0,3% del presupuesto nacional”, y el 2% de las retenciones a las exportaciones agroganaderas y del sector forestal. Además, establece que el fondo será distribuido entre las provincias que tengan aprobado el OTBN por ley y de acuerdo con el porcentaje de bosques nativos declarado por cada jurisdicción.