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Me cuesta creerlo. Leí a María Isabel Rueda citando a Pedro Medellín, quien revive la discusión sobre la vinculación del Estado y los paramilitares, y los dos dicen que es absurdo establecer este vínculo. Leí luego a opinadores y a varios activistas en redes sociales que apoyan la tesis. Leí después a Rodrigo Uprimny, quien pacientemente trata de explicarle a María Isabel la pertinencia del proyecto de acto legislativo que prohíbe el paramilitarismo como parte de los acuerdos entre las Farc y el gobierno nacional.
Estaba convencido de que esa discusión ya no existía. El Estado, en cabeza del presidente Santos, aceptó en La Habana la justicia especial para la paz que admite sin ambages que agentes del Estado y actores civiles deben concurrir a los tribunales de la JEP y a la Comisión de la Verdad, para confesar los delitos que cometieron en la lucha contrainsurgente.
Eso, precisamente eso, fue lo que permitió que las Farc aceptaran los secuestros, los graves ataques a la población civil, el narcotráfico, los crímenes de guerra, en fin, las múltiples violaciones al derecho internacional humanitario. Antes también mentían abiertamente o utilizaban otras denominaciones para referirse a estos delitos en una actitud que sonaba igualmente estúpida.
Es muy probable que Santos exministro de Defensa, Santos que conoce como nadie el poder por dentro, Santos que tiene especiales habilidades estratégicas sepa mil veces más que María Isabel Rueda, más que todos los opinadores ahora espontáneos defensores del Estado, y tenga en su cabeza que en 1965 y en 1968 mediante el Decreto 3398 y la Ley 48 se autorizó la defensa civil; que luego en 1994 en el Decreto Ley 356 se permitieron las Convivir que se transformaron en las Autodefensas Unidas de Colombia; que posteriormente, en 2003, el presidente Uribe llamó a la acción a miles de campesinos bajo la denominación de “soldados de mi pueblo” para labores de inteligencia y de apoyo a las Fuerzas Militares.
Digo esto solo para indicar algunas medidas legales que propiciaron la vinculación de civiles a la defensa del Estado y a la lucha contrainsurgente. Sin hablar de la aceptación tácita o de la legitimación pública que tuvieron esas fuerzas aún en el apogeo del horror, a finales de los años noventa y de los primeros años del siglo XXI, cuando Castaño y Mancuso se pavoneaban en las reuniones y en la prensa como salvadores del país.
Era tal su legitimación que cuando se produjo su desmovilización, el 90 por ciento de los jefes paramilitares no tenían procesos judiciales y la Fiscalía utilizó sus propias versiones libres en los tribunales de Justicia y Paz para incubarles las acusaciones y poderlos retener en las cárceles.
Rueda y Medellín tienen como argumento para escamotear la responsabilidad del Estado en la emergencia y proliferación de estas fuerzas ilegales, que sembraron el terror en el país y afectaron gravemente las instituciones democráticas, el que en algún momento los organismos de Justicia reaccionaron y llevaron a la cárcel a cerca de 600 líderes políticos –entre ellos 61 parlamentarios– y a miles de miembros de la fuerza pública por estas alianzas. Que además eran hechos individuales y aislados, la famosa teoría de las manzanas podridas.
coronita uwu plis
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