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Rotos los pactos de diciembre de 1854 y enero de 1855, y no queriendo recurrir Urquiza al uso de la fuerza para reincorporar a Buenos Aires a la Confederación, procuró una guerra económica en base a tarifas diferenciales, con el objetivo de aumentar los ingresos de las aduanas de la Confederación, disminuir los de la de Buenos Aires, y obligar al gobierno de esta provincia a su incorporación. Vale destacar que el uso de derechos diferenciales no era un instrumento nuevo en la política rioplatense. Buenos Aires lo había usado varias veces contra Montevideo desde 1810. Así, dos importantes diarios de la Confederación, El Nacional Argentino, de Paraná, y La Confederación, de Rosario, justificaban la adopción de derechos diferenciales en los siguientes términos: ¿con qué derecho cobra Buenos Aires tributo a las mercancías enviadas desde Europa para el consumo de la Confederación, o exportadas por ésta para aquellos mercados? A pesar de estas protestas de los hombres de la Confederación, como ya se ha dicho, parte de esos ingresos del gobierno porteño estaban dirigidos al servicio de deudas que eran de carácter nacional (1).
Preparada la opinión pública al efecto, el 19 de julio de 1856 el Congreso de Paraná dictó la ley de derechos diferenciales, que recargaba en los puertos de la Confederación la introducción de mercaderías europeas procedentes de Buenos Aires. Se exceptuaba de la medida a la parte sur de Brasil, Uruguay y Paraguay. A la vez, los productos naturales y manufacturados provenientes de la provincia de Buenos Aires eran admitidos libres de derechos, como productos de la Confederación Argentina. El pensamiento o concepto de los derechos diferenciales había nacido en el Congreso Nacional en las sesiones de 1854, pero, debido a que tenía casi tantos defensores como opositores, el gobierno había aplazado el tratamiento de esta cuestión, que recién volvió a considerarse en 1856 (2).