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Tras el advenimiento del primer Borbón a la corona española, Felipe V en 1700, el nuevo monarca se hizo rodear de consejeros afrancesados enemigos del clero peninsular, lo que de inmediato generó conflictos que se extendieron a lo largo de todo el siglo XVIII. La sobrepoblación de clérigos y religiosas hizo que en 1717 el rey, aconsejado por su mujer Isabel de Farnesio, dictara prohibiciones de fundar nuevos conventos en América y en 1734 se les impidió recibir a nuevos miembros durante el plazo de diez años. Fernando VI, hijo y sucesor del anterior, tuvo una política conciliadora con la Iglesia e incluso firmó un concordato con Benedicto XIV en 1753, pero al año siguiente evitó que el clero interviniese en la redacción de testamentos. Al morir Fernando VI sin descendencia, el trono pasó a manos de su liberal hermano Carlos III, antiguo rey de Nápoles. En sus nuevos dominios aplicó las mismas políticas anticlericales que en Nápoles. El conde de Aranda, su primer ministro, le informó del peligro que representaban los jesuitas para la corona, por sus enseñanzas liberales y por su alianza con Clemente XIII, por lo que el rey determinó expulsarles en 1767, causando así la caída del sistema educativo de la Nueva España, pues los jesuitas eran los mayores educadores de la juventud novohispana. El ejército condujo a los jesuitas a su destierro, y reprimió además manifestaciones populares de repudio a la medida de Carlos III, como las suscitadas en San Luis Potosí, Uruapan, Pátzcuaro y Guanajuato. La orden del rey fue ejecutada por el virrey Carlos Francisco de Croix y por el visitador José de Gálvez, quien años más tarde se convirtió en virrey y aplicó la "Real cédula sobre enajenación de bienes y cobro de capitales de capellanías y obras pías para la consolidación de vales reales", lo que de un solo golpe destruyó la estructura económica de la Iglesia en la corona, que había funcionado durante más de dos siglos. Los fondos recaudados fueron para fortalecer a la armada y al ejército español, pues las ideas revolucionarias francesas comenzaban a traspasar fronteras.[14]
Poder económico de la Iglesia en Nueva España
La Iglesia consiguió gran cantidad de dinero a través de las capellanías y donativos, con los que construyó catedrales como la de San Ildefonso de Yucatán.
La Iglesia en España fue dividida en dos grandes órdenes: el clero secular —integrado por los sacerdotes que no pertenecen a ninguna orden y que están sometidos al poder de los obispos— y el clero regular, formado por las órdenes religiosas de hombres y mujeres, sujetos a las reglas que su orden les imponga. Esta estructura fue traída a la Nueva España, donde sufrió algunos cambios pero la esencia se mantuvo a lo largo de la colonia. El diezmo fue, sin duda, la base de la economía clerical novohispana, instituido por Alejandro VI en el Tratado de Tordesillas (1494). Era una especie de impuesto sobre la renta, que equivalía a la décima parte de las ganancias obtenidas por cada súbdito en un año, con respecto a sus propiedades inmuebles, ganaderas y agrícolas, además de las comerciales. En su mayoría, el diezmo era usado para cubrir las necesidades de los sacerdotes y pagar tributo a la corona, el resto era enviado al Papa quien lo distribuía en la cristiandad de acuerdo a su criterio. Así, muchas órdenes consolidaron su poder al adquirir haciendas, acumulando de esta manera muchos latifundios considerados "en manos muertas", y fueron desamortizados hasta 1856 con Benito Juárez. El virreinato concedía "merced de estancias" a ciertos colegios particularmente pobres, aunque esto rayaba en contra de que la Iglesia tuviera bienes raíces, norma dictada por Pío VI. Otras órdenes como los agustinos, poseían extensiones de terrenos para la crianza de ovejas. Las capellanías fueron una de las mayores fuentes de ingresos para la Iglesia, consistía en un impuesto que se gravaba sobre las propiedades de rurales, casas tiendas o talleres, a semejanza de una hipoteca. Los censos consistían en una renta anual o hipoteca sobre una propiedad.[15]