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Respuesta: esa es mi respuesta
Explicación:
Existe una gran y diversa literatura sobre la génesis, evolución, contradicciones, importancia, y necesidad de los Derechos Humanos, y más allá de adentrarnos en la historia, en su argumentación filosófica, en las críticas sobre si son verdaderamente universales, si son expresión de la hegemonía occidental, o sobre su constante incumplimiento o virtual inexistencia en países con instituciones débiles, hay un punto de convergencia que afirma que el respeto y práctica efectiva de los derechos humanos representan la mejor expresión de todo el entramado que caracteriza y distingue a un sistema político democrático de otro que no lo es.
La democracia, entendida como sistema político está enmarcada en leyes, normas o procedimientos que se encarnan en la Constitución Política, misma en donde quedan estipulados, tanto los deberes, como las prácticas que la democracia ejecuta dentro de un Estado de derecho, y cuyo culmen se cristaliza en los derechos humanos, es decir, el objetivo de todo régimen democrático radica en la mejora continua de la vida de las personas que componen la sociedad. La constitución es la sustancia de la democracia, ya que contiene los derechos fundamentales que la democracia deberá proteger, promover, difundir y consolidar en todas las acciones que desempeñe como régimen político.
Sin embargo, nos salta una problemática que debemos abordar con prudencia, y consiste en el desfase entre la teoría y la práctica, como bien lo expusiera Kant1. En la teoría, la democracia, la Constitución, el Estado de Derecho, los derechos humanos, la cultura de la legalidad y la rendición de cuentas, tenderían entre sí diversos puentes, ramificaciones o relaciones que servirían de apoyo para la consolidación del régimen democrático. No obstante, llevar la teoría a la práctica, evidencia desfases, fronteras o problemáticas que ponen en entre dicho la viabilidad de la función del Estado.
Los derechos humanos son el resultado de una lucha del pueblo que implica al mismo tiempo las obligaciones del Estado para proteger dichos derechos, no solo para proteger a victimas eventuales, sino para que se arraigue una cultura y un ejercicio práctico de protección y promoción de los derechos humanos en todos los niveles de la sociedad, para lo cual se requiere un entramado institucional que permita y difunda los derechos humanos.
No podemos negar los avances que México ha tenido en materia de protección a los derechos humanos, no podemos soslayar que hoy son un indicador de gobernabilidad democrática, sin embargo, tampoco podemos negar los graves problemas por los que atraviesan las instituciones encargadas de protegerlos. Hablar de la defensa de los derechos humanos, es también hablar de las causas que los impulsan, y que invariablemente tienen que ver con luchar por la reivindicación de justicia y la dignidad.
La discusión sobre los derechos humanos ganó la batalla de las idea y se fijó como indicador de gobernabilidad democrática en el siglo XX. Esto establece un parteaguas en la historia por la reivindicación de los derechos de los ciudadanos ya que representa un cambio de paradigma a nivel mundial y local debido a la creación de instrumentos internacionales y nacionales que protegen a las personas. Nunca se habían construido tantos y tan diversos instrumentos jurídicos formales para proteger los derechos de las personas, al día de hoy, México ha firmado más de 2002 tratados internacionales al respecto, se han creado más de 500 entidades públicas para tutelar derechos, se han aprobado más de 300 leyes, y más importante aún, es que el principio que daba sustento a la Constitución de la igualdad ante la ley ha sido superada por un nuevo principio que tiene que considerar la condición sobre la cual se ejercen los derechos, que debido a su condición social de desventaja (gays, indígenas, mujeres, etc.) necesitan ser apoyados por el Estado a través de instrumentos públicos que de forma específica protejan a las víctimas.