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El sistema tributario español distingue tres tipos de tributo: las tasas, las contribuciones especiales y los impuestos.
Tasas: se pagan cuando el ciudadano hace uso de un determinado servicio prestado por el estado, como es el pago de un vado permanente de aparcamiento o la renovación del DNI.
Contribuciones especiales: tienen su origen en la recepción de un beneficio o un valor añadido por parte del ciudadano, como podría ser el aumento del valor de una finca por una reforma urbanística adyacente. En este caso, el ingreso que realiza el propietario de esta finca debe servir para compensar los gastos ocasionados por la renovación.
Impuestos: están definidos por la ley tributaria como el pago sin contraprestación que realiza el ciudadano como prueba de que puede contribuir a la administración pública por motivo de una capacidad económica resultante de negocios, propiedades o del trabajo (art. 2.2. C de la Ley General Tributaria).
Es decir: toda persona que genere ganancias suficientes para contribuir a la hacienda pública está obligada a hacerlo y lo hace en función de unos hechos que demuestran su capacidad económica. Estos hechos se denominan “hechos imponibles” y son los que generan precisamente el impuesto: la obtención de un salario constituye un hecho imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y la percepción de bienes por herencia, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, por ejemplo.
La capacidad económica o de pago es un principio fundamental del sistema fiscal: a mayor capacidad de pago, mayor capacidad de aportación a las arcas públicas. La capacidad económica de cada ciudadano se expresa de varias formas, principalmente a través de sus posesiones (patrimonio), de los ingresos que recibe (renta) o de lo que consume, y es por ello que los distintos tipos de impuestos recaen sobre alguna de estas tres expresiones de la capacidad de pago de las personas.