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Respuesta:
no utilizarla si no es nececesario el agua
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1. Los grandes embalses son de las infraestructuras más impactantes a nivel ambiental y social que existen, siendo nuestro país el que más tiene de la Unión europea, y el 5º del mundo. Por ello, proponemos que se renuncie a la construcción de nuevos grandes embalses que, aunque estén previstos, en tramitación o aprobados, todavía no estén en construcción, como ocurre con los proyectos de Barrón (Alava) y Biscarrués (Huesca).
2. Renuncia a la construcción de nuevos trasvases, dado su gran impacto ambiental y social. Además aumentan el desequilibrio social y no solucionan los problemas de las cuencas receptoras, de hecho, lo único que hace es estimular el crecimiento de las demandas en estas áreas.
3. Revisión de los embalses y trasvases existentes, de cara a evaluar su actual funcionalidad y viabilidad. El objetivo es proceder a la eliminación de aquellos que carezcan de utilidad, o para los que existan alternativas viables de menor impacto ambiental y social. Por ejemplo, el embalse de Los Morales (Madrid) o el trasvase Siurana-Riudecanyes (Tarragona).
4. Elaboración y aprobación de un plan para la clausura del trasvase Tajo-Segura. Dicho plan deberá contemplar la desconexión progresiva hasta conseguir la plena desconexión de las cuencas del Tajo, Júcar y Segura, dentro del horizonte del plan del tercer ciclo (2021-2027).
5. El regadío supone actualmente más del 85 % del consumo total de agua y además su superficie no para de crecer, lo que está conllevando la sobre explotación de los recursos hídricos superficiales y subterráneos. Por ello, proponemos que se prohíba la creación de nuevos regadíos en todo el país, no autorizándose nuevos suministros ni concesiones para riego.
6. Eliminación en un periodo de seis años de todos los regadíos ilegales existentes en el país, que algunas fuentes oficiales estiman entre un 5 % y un 10 % con respecto a los regadíos legales. Hay que abordar esta cuestión pues están consumiendo un agua que se cuenta con ella en la planificación hidrológica para otros usos, incluyendo el ambiental.
7. Revisión de los regadíos existentes y reducción progresiva de la superficie actual en aquellos donde el consumo, una vez excluidos los usos ambientales, supere los recursos renovables, hasta recuperar un cierto reequilibrio hídrico. Además, la superficie total de riego existente, deberá reducirse a un máximo de 3-3,2 millones de hectáreas en todo el país. Dicha cifra deberá ajustarse cada 5 años conforme evolucionen los recursos hídricos disponibles a causa del cambio climático.
8. Revisión a la baja en un periodo de seis años, de todas las concesiones existentes (que en la actualidad en muchas cuencas superan a los recursos disponibles) para adecuarlas a la realidad.
9. Establecimiento de caudales ambientales adecuados en el 100 % de las masas de agua, cuya determinación se realice de acuerdo con la definición de caudales ambientales establecida por la Ley de Aguas, y que garanticen alcanzar el buen estado de las aguas.
10. Consideración del abastecimiento a poblaciones y el saneamiento como un derecho humano para todas las personas, con independencia de que puedan pagarlo. Asimismo, dada su consideración de derecho humano, su gestión deberá llevarse a cabo siempre desde el sector público. Ambas cuestiones deberán recogerse en la normativa vigente.