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Explicación:
Investiga sobre el autogolpe de Estado de Fujimori
El 5 de abril de 1992, Alberto Fujimori instauró el "Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional". Esta medida logró realizar lo siguiente: Disolver el Congreso de la República del Perú, con lo cual neutralizó a sus opositores políticos.
Sus acciones y consecuencias
La noche del 5 de abril de 1992 fue el autogolpe de Estado perpetrado por el expresidente Alberto Fujimori que ordenó el cierre del Congreso de la República como una de las primeras acciones. De esta manera se anunciaba el secuestro de algunas instituciones democráticas por un régimen dictatorial.
El objetivo de Fujimori Fujimori era el control total del aparato estatal y el orden constitucional para perpetuarse en el poder.
Tras las acciones antidemocráticas, el vicepresidente de la República, Máximo San Román regreso al Perú desde Miami para asumir la presidencia y juramentar en el Colegio de Abogados de Lima. En medio de la pérdida del orden constitucional nuestro país tuvo dos presidentes.
También previamente al discurso de Alberto Fujimori se convocó a todos los dueños de los canales de televisión al Cuartel General del Ejército para informarles sobre el autogolpe que iba a llevarse a cabo e instarlos a colaborar.
Más tarde los tanques del Ejército custodiaban las sedes de los principales diarios de la capital instaurando la censura. Las páginas de algunos de los medios escritos aparecieron en blanco a la mañana siguiente.
A pesar del repudio de las principales autoridades nacionales e internacionales, un sector de la población se mostró a favor de las medidas ejecutadas por el exmandatario.
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El autogolpe de Estado de Perú de 1992 fue un golpe de Estado propiciado el domingo 5 de abril por el entonces presidente del Perú, Alberto Fujimori, con el respaldo de las Fuerzas Armadas. En este se disolvió el Congreso de la República, se intervino al Poder Judicial, al Consejo Nacional de la Magistratura, al Tribunal de Garantías Constitucionales (hoy Tribunal Constitucional), al Ministerio Público y a la Contraloría General de la República. Además hubo persecución de miembros de la oposición y secuestro de otras personas. El 82% de la población, según encuestas de la época, apoyó esta medida por el desprestigio del parlamento.[1]