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"Los pueblos indígenas de Guatemala siguen siendo excluidos y discriminados, y están expuestos a la trata de personas. Siguen siendo considerados como fuerza de trabajo barata, sujeta a jornadas laborales extenuantes, y como producto cultural para el turismo", aseguró el magistrado de conciencia.
En su Informe Anual Circunstanciado de Actividades y Situación de Derechos Humanos 2018, el magistrado de conciencia reconoce que las autoridades indígenas y sus cosmovisiones son "desvaloradas", tras alegar que los pueblos originarios son "despojados de sus medios de producción, como son la tierra y los bienes naturales", lo que contribuye "directamente a exponerlos a la trata de personas y a diferentes formas de explotación".
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