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A pesar de estos avances, en el Perú, como en la mayor parte de América Latina, las desigualdades sociales siguen siendo profundas, y profundamente sentidas. Para la población indígena y nativa, y especialmente para quienes residen en zonas rurales, los obstáculos para adquirir una educación de calidad, un adecuado ingreso familiar y un ejercicio pleno de sus derechos, siguen siendo particularmente grandes. Pero también hay obstáculos significativos para muchos mestizos pobres, para integrantes de la minoría afrodescendiente y para la mayoría de mujeres peruanas. Aunque “el Perú avanza”, la mayoría de peruanos percibe que en este país prevalece la desigualdad de oportunidades y de trato frente a la ley3. Estos sentimientos fueron determinantes en la elección presidencial del 2011, en la que ganó el candidato que mejor respondió a las demandas de inclusión social pero también brotaron las peores expresiones de racismo y desprecio étnico –la otra cara de la moneda4.
¿Cómo explicamos esta situación? ¿Qué mecanismos de exclusión y discriminación son más patentes ahora, y cómo se relacionan entre sí? ¿Cuánto y dónde pesan el racismo y otros prejuicios en el Perú del siglo XXI? ¿Y qué hacemos para erradicarlos? Responder a estas preguntas desde la Academia es una tarea difícil pero sumamente importante.
La dificultad comienza con las mismas definiciones. Por lo general, entendemos la exclusión como algo que va más allá del individuo y sus circunstancias inmediatas, y que es producto de mecanismos históricos y estructurales que impiden a ciertos grupos acceder a diversos beneficios y servicios (salud, educación, empleo digno) y participar plenamente en la vida cívica y política. Como señalan Valdivia, Benavides y Torero, la exclusión abarca la noción de pobreza, pero no se limita a ella (Valdivia, Benavides y Torero 2007). En cambio, discriminación tiende a referirse a prácticas concretas y actuales.
En el Derecho peruano, la discriminación consiste en un trato diferenciado que anula o impide el ejercicio de derechos de una persona, o de un grupo de personas, y que los descalifica por sus características innatas (raza, sexo, edad, origen social, etc.) o por las posiciones que asumen voluntariamente en la sociedad, como religión o estado civil5. No todos los grupos históricamente excluidos son hoy discriminados, y tampoco todos los discriminados pertenecen a grupos sociales excluidos. Sin embargo, en el Perú ambas situaciones han tendido a coincidir y reforzarse6.
Las ciencias sociales peruanas tienen una larga tradición de reflexión intelectual sobre raza, identidad y exclusión. Autores como Gonzalo Portocarrero, Nelson Manrique, Marisol de la Cadena, Juan Carlos Callirgos, Martín Santos, Paulo Drinot y otros, han examinado el alcance de nuestra herencia colonial racista, el desprecio por “lo indígena” y el temor al Otro que caracteriza a nuestras clases dominantes, y los prejuicios y fracturas que también caracterizan a los peruanos “dominados”. En cambio, la discriminación como práctica es un tema más reciente en las agendas académicas y la esfera pública.
Asimismo, es un fenómeno que difícilmente se presta a la observación y medición directa. Como señala éstor Valdivia, no hay consenso sobre la importancia de lo racial como tal en el Perú, ni sobre el peso de los prejuicios a la hora de tomar decisiones y orientar prácticas en las instituciones públicas o privadas7.
¿Qué evidencia nos permite identificar las dimensiones de la discriminación hoy? De parte del Estado, la información censal y las diversas encuestas de hogares recogen una enorme cantidad de información, que nos permite hacer comparaciones entre diversos grupos sociales. Pero las encuestas oficiales no captan la complejidad de las identidades raciales y étnicas, ni explican el porqué de las diferencias encontradas. Para el Estado, por ejemplo, la lengua materna es la variable más utilizada en los censos de población para diferenciar a los grupos étnicos, y es una variable orientada a identificar a la población indígena más tradicional, y a menudo la más excluida socialmente. Pero esto no ayuda a identificar a los peruanos que pueden tener raíces y tradiciones indígenas pero que han migrado y dejado de utilizar o transmitir la lengua nativa, fenómenos importantes en las últimas generaciones. Asimismo, no visibiliza a las importantes minorías étnicas de habla castellana, en particular las personas de ascendencia africana, japonesa y china.
Aunque la igualdad de derechos y oportunidades está garantizada en la Constitución, las autoridades tampoco hacen un seguimiento del acceso que tienen diferentes grupos a los servicios públicos, ni monitorean el trato que los ciudadanos reciben, por ejemplo, en el sistema educativo, las instalaciones de salud o los tribunales de justicia.