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Desde mediados del siglo XVIII, los mineros novohispanos demandaron la constitucionalización de un cuerpo gremial, para 1776 el Rey decretó la formación de un cuerpo formal y les encargó que redactaran las Ordenanzas de Minería, en las cuales se les otorgaron tres nuevos privilegios: la creación del gremio, el ejercicio de la representación centralizada a través del Tribunal General de Minería y facultades contenciosas en asuntos de minería. En este artículo se estudia la formación del tribunal y el uso de la facultad contenciosa para resolver las controversias que surgían en torno a los minerales.
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