Respuestas
Respuesta:
hay buenas noticias para la democracia en Colombia durante esta época “pre-post-conflicto”.
Después de 17 años de exilio como consecuencia de un atentado contra su vida, Aída Abella regresó al país para asistir al V Congreso de la Unión Patriótica (UP), partido que en julio pasado retomó su reconocimiento jurídico gracias a un fallo del Consejo de Estado. Abella manifestó que regresa para asumir la candidatura presidencial en representación de la UP en los comicios de 2014.
De acuerdo con el más reciente Informe sobre Violencia Política de la Misión de Observación Electoral (MOE), entre 2011 y 2013 se produjeron 314 hechos de violencia política que afectaron al 13 por ciento de los municipios.
Aunque el regreso de Abella sería un indicio de que las condiciones para hacer política mejoran, hay otras realidades -y hay otras fuentes que presentan información contrastante-. De acuerdo con el más reciente Informe sobre Violencia Política de la Misión de Observación Electoral (MOE), entre 2011 y 2013 se produjeron 314 hechos de violencia política que afectaron al 13 por ciento de los municipios.
De estas situaciones, el 85 por ciento fueron amenazas; el 8 por ciento, atentados; el 5 por ciento, homicidios y el 1 por ciento, secuestros. En palabras de un reconocido medio de comunicación, estas son cifras de miedo.
Para entender la real dimensión de estas cifras y tratar de explicar sus causas y su probable repercusión en la vida nacional, es preciso dar una mirada al concepto mismo de “violencia política”, y saber de qué forma se explica en el contexto colombiano.
Entre 2011 y 2013 el panorama político se ha visto marcado por acontecimientos y procesos profundos de transformación social. El gobierno Santos, partiendo de reconocer la existencia del “conflicto armado interno” y de sus causas estructurales, apalancó un proceso de justicia transicional que busca concretar definitivamente tras la culminación de las negociaciones con las FARC.
La intención de ponerle fin a esta forma de violencia política y de admitir que los ex guerrilleros eventualmente se reincorporen a la sociedad trae una serie de reacciones predecibles –tanto inmediatas como a mediano plazo– en el volumen y la intensidad de otros actos de violencia política, tales como amenazas, atentados, homicidios y secuestros.
Es decir que aquellos 314 hechos y sus particularidades reflejan las tensiones generadas alrededor de procesos de transformación social. Vale la pena mencionar los siguientes elementos relevantes:
– El desmonte de los grupos paramilitares que se inició bajo el gobierno Uribe devino en la consolidación de organizaciones criminales (“BACRIM”), que, directa o indirectamente, han sido herramientas de violencia política.
-La polarización en la opinión alrededor del proceso de paz y la gestión del actual Gobierno en materia de seguridad, sobre la base de discursos políticos extremos y descalificadores, ha propulsado el aumento de acciones de violencia política.
-La reactivación de movimientos sociales y políticos es evidente. Acontecimientos como las luchas sindicales en la industria extractiva, el reciente paro agrario con la reinvención del campesino como sujeto político, la consolidación de la Marcha Patriótica como una plataforma política sostenible, y el mismo retorno de la UP al ruedo electoral, son muestras de nuevas o renovadas dinámicas políticas que buscan acomodarse en el escenario nacional.
El reacomodamiento de poderes y la renovada interacción entre diversos actores políticos ha tenido efectos sobre el nivel y las características de la violencia política en Colombia.
-El reconocimiento de eventos pasados como crímenes de lesa humanidad debido a su significación política –el asesinato de líderes de distintas facciones, atentados perpetrados por el narcotráfico para causar terror, entre otros– ha abierto el panorama de las conexiones entre hechos que inicialmente no se consideraron como casos de violencia política.
-El recrudecimiento de la violencia política en ciertas zonas del país, especialmente en el ámbito rural, se da donde los actores ilegales luchan por el control tanto del territorio y las tierras como de actividades lucrativas que incluyen el narcotráfico y la minería ilegal. La aplicación de la Ley de víctimas y restitución de tierras ha exacerbado estas formas de violencia.
-El ingreso masivo de capitales extranjeros, y específicamente, de empresas multinacionales para explotar recursos naturales ubicados en zonas de conflicto, ha hecho que estas acaben convertidas en actores políticos dentro de dichos microcosmos sociales. Recordamos casos emblemáticos como el de Chiquita Brands, que poco a poco afloran y que tienen connotaciones políticas asociadas con modelos económicos.
Explicación: