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Uno de los debates de la semana es el que han provocado Luis Garicano y Jesús Fernández Villaverde con su post en Hay Derecho (luego artículo en El Mundo), sobre la cualificación de los políticos (con otro debate dentro, que no es tal, sobre las falsificaciones). Digamos de entrada que simpatizo con la idea de que los cargos públicos en España no demuestran adecuadamente sus capacidades, y en Politikon hemos hablado a menudo de la selección de elites, y hablaremos más. No obstante, creo que las titulaciones académicas (y más en nuestro país) quizás no sean el mejor proxy de las capacidades deseables en una carrera política. Por otra parte, ni siquiera está claro que los políticos españoles tengan menos titulaciones que los de otros países, y los dirigentes políticos sin carrera universitaria no son del todo infrecuentes en naciones a las que solemos mirar con admiración o envidia.
No obstante, quería plantear el debate desde otro punto de vista, el de la teoría política, que a mi juicio se ha olvidado un poco, cuando la cuestión tiene no pocos ángulos teóricos y normativos. Me parece útil el enfoque de Bernard Manin en Los principios del gobierno representativo (un libro que no nos cansamos de recomendar por aquí). Manin intenta deslindar en su obra los elementos democráticos y aristocráticos que se conjugan en los regímenes representativos, y fija la mirada en el sorteo de cargos públicos como una de las instituciones a través de las cuales se contempla la diferencia entre las democracias antiguas y modernas.
La diferencia más saliente entre la democracia ateniense y la democracia representativa moderna es que no hay papel para una asamblea de ciudadanos. Pero quizás sea aún más significativo, según Manin, que en Atenas las funciones que no recaían sobre la asamblea ni sobre los pocos magistrados electos correspondían a ciudadanos escogidos por sorteo. La asamblea es impracticable en un Estado moderno -de hecho, lo era ya en Atenas en la forma ideal en que solemos imaginarla: la ekklesia no acogía a todos los ciudadanos por la sencilla razón de que muchos se abstenían de ir, y ni siquiera está claro que todos cupieran en el Pnyx; la inmensa mayoría jamás tomaba la palabra y el control de la agenda (como en los comicios romanos) estaba ante todo en manos de elites; y la aclamación tenía un papel central que está casi ausente en las ideas políticas modernas, y atañe a la autonomía del juicio individual. Sin embargo, el sorteo de cargos sí es factible técnicamente, y salvo algunas instituciones como el jurado popular, está prácticamente ausente de la política moderna.
Aclaremos en primer lugar que, como explica el propio Manin, el sorteo ateniense era una institución «menos rudimentaria» de lo que se presenta en apariencia. Los ciudadanos que entraban en el sorteo se habían ofrecido voluntarios, y eran conscientes de que sus cargos (habitualmente colegiados) estaban sometidos a escrutinio por la asamblea y podían ser revocados, mecanismos de rendición de cuentas que, a buen seguro, disuadían normalmente a manifiestos incompetentes de presentarse. Además, antes de hacer oficial su nombramiento se examinaba su conducta pública. El sorteo de cargos se deduce en Atenas de la isonomía y la isopoliteía, la igualdad en derechos políticos y capacidad de gobierno entre los ciudadanos. En la práctica, se observaba un principio rector básico: la rotación constante de cargos para evitar las hegemonías -recordemos a Robert Michels- y los abusos en el poder.