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espero te sirva
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Resumen
En las líneas que siguen se describen las figuras de las normas con rango
de ley que puede emanar el Gobierno, y se analiza el uso que de ellas ha
hecho en la práctica en estos casi 40 años de vigencia constitucional.
Palabras clave: decretos legislativos, decretos-leyes, legislación delegada,
legislación de urgencia.
Respuesta:
En efecto, conforme avanzaba el siglo XIX hasta la fecha, con carácter general el Parlamento ha ido viendo menguando su poder en beneficio del Gobierno.
A diferencia de lo que sucede con la potestad reglamentaria , cuando se trata de emanar normas con rango de ley el Ejecutivo necesita una habilitación específica previa «como una potestad de colaboración del
«Gobierno en las tareas legislativas del Parlamento» . Los ordenamientos jurídicos actuales suelen reconocer dicha potestad de dictar normas con rango de ley al Gobierno en dos tipos claramente diferenciados. Parlamento decide habilitar al Gobierno para dictar normas con rango de ley con determinados límites y controles. Y, en segundo lugar, la legislación de urgencia, que en algunos ordenamientos no requiere una delegación expresa previa de la Asamblea.
Para que el Gobierno pueda actuar así aprobando normas con rango de ley ha de tratarse de supuestos de extraordinaria y urgente necesidad. Que el Gobierno dicte normas con rango de ley ha de ser excepcional y adoptado con determinadas cautelas, habida cuenta la distorsión que supone en el sistema de fuentes del Derecho que el Ejecutivo pueda aprobar normas con una fuerza de ley que, en principio, debería estarle vedada. Gobierno para aprobar normas con rango de ley. Y, correlativamente, deben interpretarse ampliamente los límites establecidos para que haga uso de dicha potestad.
La aparición histórica de esta figura de delegación del Parlamento en el Ejeutivo se remonta a la Inglaterra del siglo XVI, con el Statute of
Según la regulación constitucional vigente , la delegación en el Gobierno la realiza el Parlamento , siempre que se trate de materias respecto de las que no existe reserva de ley orgánica. Dicha delegación se realizará mediante ley ordinaria, si se trata de refundir textos legales, o mediante una ley de bases, si lo que se delega es la posibilidad de formar textos articulados. La delegación ha de hacerse expresamente, sometida a plazo y para una materia concreta. Si se trata de delegar para formar textos articulados, el Parlamento debe delimitar el objeto y alcance de la delegación, así como los principios y criterios que debe seguir el Gobierno para ejercerla.
O, si se quiere, es la Constitución la que habilita a las Cortes «para que éstas, si quieren, puedan delegar en el Gobierno, ya que exige la participación del titular original de la potestad» .
La delegación que realizan las Cortes Generales ha de ser para una materia concreta precisando el TC que deben fijar «el ámbito normativo a que se refiere el contenido de la delegación» .
En todo caso se ha de tratar de una delegación expresa, sujeta a plazo, y se agota con su uso . Gobierno para refundir o armonizar textos, bien una ley de bases en la que se fijen los principios generales que luego deberá desarrollar el Gobierno en el Decreto Legislativo . La legislación delegada está sometida al control del TC . 1 El control por parte del Poder judicial del exceso en la delegación legislativa se desprende, según sus defensores, de la literalidad del primer inciso del artículo.
La jurisdicción ordinaria aplicó con naturalidad dicho criterio en diversas ocasiones . Sin embargo, hasta la fecha las leyes de delegación no han incluido ninguna fórmula adicional de control. Ello no ha impedido que el Congreso de los Diputados haya establecido un mecanismo genérico de control parlamentario.
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