¿En qué consiste el derecho al libre acceso a la información? Argentina posee una ley de acceso a la información, señala sus aspectos más relevantes.
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Respuesta:
Cuando en la actualidad hablamos de la necesidad de estrechar los vínculos entre ciudadanos y
representantes surge como requisito indispensable establecer un fluido intercambio de información
entre unos y otros. Este primer paso se encuentra bloqueado en nuestro país al menos en un sentido: en
la Argentina no existe en el ámbito nacional una ley que garantice el derecho de acceder libremente a la
información pública . Es decir que como argentinos todavía no contamos con un medio institucional claro
para conocer en qué y cómo trabajan nuestros gobernantes y funcionarios públicos, ni así tampoco
cuáles son los resultados de su labor.
Si bien un beneficio evidente de una ley de tal magnitud es el de garantizar el control de la gestión
pública, el proyecto que proponemos desde CIPPEC en términos de transparencia no sólo consiste en
disminuir los niveles de corrupción de nuestro gobierno y nuestra administración pública.
Transparencia significa para nosotros tanto evitar que se oculte el mal desempeño de nuestros
representantes, como así también lograr que sean visibles a la ciudadanía los logros concretos de los
mismos.
En tal sentido, el presente manual trata de ser una recopilación lo más exhaustiva posible a nivel
nacional e internacional del estado de situación sobre el libre acceso a la información. Aunque en
nuestro país existe una considerable legislación vigente sobre esta cuestión, la misma se circunscribe a
municipios y provincias, siendo el caso más destacado el de la ley sancionada en la ciudad de Buenos
Aires a fines de 1998. Sin embargo podemos señalar también un precedente importante en nuestra
Constitución Nacional, ya que por su Artículo 75, Inciso 22, le otorga a distintos tratados
internacionales que suscriben al derecho a la libre información una jerarquía constitucional. La
realidad y la experiencia nos indican, sin embargo, que una ley nacional es imprescindible para que
este derecho pueda ser ejercido.
El eje de este trabajo es entonces el proyecto de ley presentado por la Oficina Anticorrupción con el
consenso y aval de numerosas asociaciones civiles, sindicatos, jueces, empresas, y periodistas entre
otros; proyecto que en la actualidad se encuentra a la espera de ser tratado en sesión de la Cámara de
Diputados. Si bien el objetivo es garantizar a cualquier persona la libre disponibilidad y acceso a la
información pública, un aspecto muy valioso para su aplicación práctica es que la ley establezca pautas
claras y concisas. Sólo así será posible reducir los costos en tiempo y esfuerzo que hasta ahora requiere
cualquier persona en caso de que trate de hacer valer su derecho a informarse. Incluimos entonces en
uno de los apéndices el caso de numerosas acciones de amparo presentadas ante la justicia, las cuales
como un recurso alternativo implican una mayor complejidad legal, así como también un gasto en
recursos privados que coartan la posibilidad de actuar de muchos ciudadanos.
Como sabemos que una mayor transparencia pública a través de la libertad de informarse es una
cuestión de relevancia internacional, buscamos también enmarcar a la situación Argentina en el
contexto más amplio de América Latina e indagar así en qué grado nuestros objetivos son coherentes
con los de otros países latinoamericanos.
Para nosotros es fundamental dejar en claro que la necesidad de garantizar este derecho no surge sólo
de lo concluido por parte de los que conformamos CIPPEC, sino también de la opinión y el diálogo
entre periodistas, universidades, otras organizaciones civiles y la población en general. Todas estas
voces tienen su lugar en la última parte de este trabajo, integrada por artículos de prensa, conferencias,
sondeos y encuestas, que dan cuenta del consenso que existe tanto a nivel académico como de la
ciudadanía en favor de propiciar una mayor libertad al acceso a la información.
Explicación: