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Los demócratas nos hemos autoengañado con respecto a la corrupción. Primero creímos, con buena parte de razón, que la corrupción era un mal asociado a los regímenes autoritarios o totalitarios. La democracia, por tanto, vendría a echar luz sobre las conductas corruptas y permitiría sancionar a los responsables. La competencia, la transparencia y la rendición de cuentas, como elementos inherentes a la democracia, no sólo visibilizarían la corrupción ahí donde se encontrase, sino que la inhibirían. Se nos hizo fácil creer que era todo lo que se necesitaba.
Pero sucede que muchas sociedades transitaron a la democracia, sobre todo en nuestro hemisferio, y la corrupción siguió ahí. En algunos casos incluso se hizo mucho más pública, visible.
Y la corrupción, desafortunadamente, sigue ahí y sus altos costos también. Los demócratas nos hemos autoengañado porque nos hemos aferrado a la idea de que la democracia está en mejor situación, en comparación con otros sistemas políticos, para enfrentar los problemas generados por la corrupción. Sí, sin duda, la corrupción es un desafío de instituciones, de hacer que los costos de la transacción corrupta sean mayores a los beneficios, esto es, aumentar la probabilidad de visibilizar, investigar y sancionar una conducta corrupta.
Los diagnósticos sobre la corrupción política en las democracias se deben ocupar del conjunto de condiciones estructurales en los que nacen esos incentivos a intercambiar una decisión por un beneficio.