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La Defensoría del Pueblo patrocinó y ganó una acción constitucional de protección para tutelar los derechos al trabajo, a la igualdad y no discriminación, y a la seguridad jurídica, consagrados en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, en favor de Angélica Neira Vega, funcionaria de la Contraloría General del Estado que en octubre de 2017 fue cesada en sus funciones pese a estar en periodo de maternidad y lactancia.
La Contraloría sustentó su acto contra la señora Neira aduciendo que, por tratarse de un cargo de confianza, es discrecional de la autoridad nominadora el dar por concluida la designación de una funcionaria cuyo cargo es de libre nombramiento y remoción, violando de esta manera derechos que se encuentran señalados en la normativa nacional.
La Defensoría del Pueblo en las respectiva audiencia se refirió a la protección reforzada de la estabilidad laboral de la mujer embarazada que otorga la Constitución de la República, la cual es parte de las obligaciones que tiene el Estado de garantizar el derecho al trabajo a las mujeres sin distinción del rango jerárquico que ostente.
La acción de protección fue aceptada, ordenando la reintegración a sus funciones de la funcionaria, el pago de los haberes adeudados y la publicación de las sentencias en las respectivas páginas web institucionales.
Finalmente, la Unidad Judicial Penal, con sede en Quitumbe – Quito, señaló, en la sentencia del 28 de junio de 2018, que la reparación integral se basa en que el Estado tiene la obligación de velar, en la medida de lo posible, por que la víctima no sufra más violaciones de derechos, que los procedimientos jurídicos y administrativos destinados a hacer justicia funcionen y que al conceder una reparación no se de lugar a un nuevo trauma.
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