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En el presente artículo se intenta rebatir posiciones ideologistas y culturalistas que suponen que, por sobre la legitimidad de los derechos humanos, existen instancias supra y antipolíticas a las cuales tales derechos deben ser subordinados. Por lo mismo, se insistirá en subrayar el carácter esencialmente político que poseen los derechos humanos, lo que significa entenderlos en un sentido tanto regulativo como discursivo. Regulativo porque ofrecen una plataforma de orientación frente a diversos conflictos que se presentan en las arenas nacionales e internacionales, y discursivo porque su aplicabilidad se encuentra siempre sometida a discusión, sobre todo cuando se trata de contradicciones o por lo menos «desajustes» entre esos derechos y el derecho estatal. Tanto la regulación como el discurso presuponen, a su vez, el derecho a opinar, es decir, la libertad de palabra.
Igualmente se insistirá en rebatir la tesis que supone que los derechos sociales contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos deben poseer un valor superior a los individuales, o lo que es igual, aquellas posiciones representadas por regímenes antidemocráticos, y por sus defensores ideológicos, quienes en nombre de una crítica al carácter individual de los derechos humanos postulan la violación de los derechos individuales. Por el contrario, aquí se sostiene que sólo la defensa de los derechos individuales permite la defensa de los sociales, lo que no siempre es posible en un sentido inverso.
Por último, frente a la estéril contienda que se da entre universalistas y particularistas, se defiende una opinión que postula, por un lado, que el sentido universal de los derechos humanos es una condición que lleva a la aceptación de particularismos y diferencias, y por otro lado, que su universalismo es, en última instancia, particularista, pues limita la expansión universalista propia a cada orden religioso, ideológico, o simplemente cultural.
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