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El terrorismo de Estado en Argentina en las décadas de 1970 y 1980 fue un período de terrorismo de Estado llevado a cabo en el país que culminó con la última dictadura cívico-militar autodenominada «Proceso de Reorganización Nacional», que gobernó desde el 24 de marzo de 1976 hasta la restauración de la democracia en 1983, como parte de la Operación Cóndor.1 Durante este tiempo el Estado llevó adelante una política de represión ilegal, violencia indiscriminada, persecuciones, tortura sistematizada, desaparición forzada de personas, manipulación de la información y demás formas de terrorismo de Estado para instalar un plan de política económica liberal, liberal-corporativa o de libre mercado.2 Se estima que durante ese período las fuerzas represoras del gobierno de facto hicieron desaparecer a aproximadamente 30 000 personas (ver Sección «cantidad de víctimas»).
La denominación también utilizada de «guerra sucia» alude al carácter informal y no reglamentado del enfrentamiento entre el poder militar —desligado de la autoridad civil—, contra la misma población civil y las organizaciones guerrilleras, que no obtuvo en ningún momento la consideración explícita de guerra civil. El uso sistemático de la violencia y su extensión contra objetivos civiles en el marco de la toma del poder político y burocrático por las Fuerzas Armadas, determinó la inmediata suspensión de los derechos y garantías constitucionales y propició la aplicación de tácticas y procedimientos bélicos irregulares a toda la población. Bajo la tutela de la CIA, las dictaduras de América Latina en la década de 1970 unieron sus servicios de inteligencia para la persecución ilegal de activistas, sindicalistas, guerrilleros, artistas, periodistas, sacerdotes y opositores en general
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