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La Monarquía de Luis XVI atravesaba por graves problemas financieros debido a los gastos militares generados por los conflictos con Inglaterra, especialmente la Guerra de los Siete Años, que excedían los ingresos obtenidos a través de los impuestos tradicionales. Los intentos de reformar el sistema fiscal emprendidos por varios ministros –Turgot, Necker, Calonne, Brienne-, para que los estamentos privilegiados contribuyesen económicamente fracasaron. En la asamblea de notables de 1787 los representantes de estos estamentos se negaron a pagar impuestos, ya que suponía el fin de uno de sus más preciados privilegios. Esta negativa obligaba al Estado francés a subir los impuestos o a crear otros nuevos sobre el comercio, perjudicando a la burguesía comercial e industrial y, sobre todo, a campesinos y trabajadores de las ciudades. La población urbana veía con preocupación la vertiginosa subida de los precios del pan y otros productos básicos subiesen por las periódicas crisis de subsistencia. Si la burguesía reclamaba mayor protagonismo político y social, los grupos populares, por su parte, demandaban precios fijos y asequibles. Y todo el tercer estado, menor presión fiscal.