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El primer contrato peruano que firmó el Estado fue en 1840, a través del Ministro de Hacienda, entonces Ramón Castilla, con el político liberal y gran comerciante Francisco Quirós.
Fue un contrato de arrendamiento, por seis años, a razón de 10,000 pesos por año. Del total del arrendamiento, 1,500 pesos debían pagarse al contacto y el resto en créditos y a plazos. El contratista podía explotar todos los yacimientos que quisiera y en todas las cantidades que pudiera.
Sólo con los primeros embarques Quirós obtuvo lo necesario para cancelar sus obligaciones totales con el Estado.
El gobierno peruano se dio cuenta de que este tipo de contrato era totalmente desfavorable al Estado y a fines de 1841 lo anuló. A partir de 1842, hubo varias firmas extranjeras interesadas en suscribir contratos con el Perú, para explotar directamente el guano: el francés Aquiles Allier, la Cía. Myers, la Casa de Gibas, entre otras.
En febrero de 1842, se suscribieron contratos con participación mayoritaria de compañías extranjeras, y bajo el régimen de ventas directas. En estos nuevos contratos, el Estado puso como condición que sólo se debía explotar 120,000 toneladas, a razón de 30 pesos por tonelada, como precio líquido. El fisco recibiría el 75% del producto.
El Estado quiso aplicar la mitad de los ingresos al pago de la deuda externa, pero ello no se concretó; además, solicitó múltiples adelantos a los contratistas, con el respaldo del guano.
Al terminar el convenio, suscrito para cinco años, se tuvo que prorrogar hasta el 17 de diciembre de 1847, porque el Estado debía a los contratistas fuertes sumas y no había cancelado la deuda externa. Así, a partir de 1847, el Estado reemplazó el sistema de ventas directas por el sistema de consignaciones, que se mantendría hasta 1869.
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