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Un día de estos, y su pesar, el Gobierno va a tener que comparecer en Cataluña. El tiempo se acorta y los soberanistas cumplen al pie de la letra su plan de independencia a plazos; la única deslealtad de la que no se les puede acusar es la de no haberlo anunciado. El recurso al poder judicial está a punto de agotar su viabilidad ante la evidencia también advertida de un abierto desacato. Y en todos los ordenamientos jurídicos del planeta –incluso en el de la fantasmal república catalana– está previsto que en caso de desobediencia a los tribunales entre en acción la facultad coercitiva del Estado.
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