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La administración de Santander
El vicepresidente Santander, en quien recaía la administración del país en ausencia de Bolívar, y el Congreso conjuntamente produjeron leyes que complementaron los cambios adoptados por el Congreso Constituyente. Se decretaron reformas fiscales que reducían aún más los aranceles; el monopolio estatal del tabaco de mascar y se hicieron varios intentos para asegurar el control civil sobre el estamento militar. Pero la medida más controvertida fue la ley de 1824 que ratificaba para la nueva República el derecho del patronato, es decir, el control que tradicionalmente ejercía el Estado sobre la Iglesia en los nombramientos clericales y sobre la mayoría de los asuntos, con excepción de los doctrinales. Con esta medida se rechazaba el alegato según el cual el gobierno no podía ejercer tales poderes sin una renovación de autoridad concedida por el Papa. Por costumbre e inercia, la mayoría del clero aceptó la decisión, aunque una minoría protestaba apoyándose en términos jurídicos y en la convicción cada vez más creciente de que el nuevo régimen no siempre velaba por los intereses de la Iglesia.
La mayoría de estas medidas era de poco alcance, como aquellas que suspendían el fuero eclesiástico ( la exoneración del clero de la jurisdicción laica) en número limitado de casos, o las que liberaban el pago de diezmos a las plantaciones de cacao y café. Pero ciertas medidas tomadas únicamente por el Vicepresidente ofendían a un amplio sector del clero. Uno de éstas fue su copatrocinio de la Sociedad Bíblica Colombiana, fundada en 1825 por un misionero inglés, cuya distribución de Biblias baratas era considerada por los católicos como una cuña introducida por el protestantismo.
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El vicepresidente Santander, en quien recaía la administración del país en ausencia de Bolívar, y el Congreso conjuntamente produjeron leyes que complementaron los cambios adoptados por el Congreso Constituyente. Se decretaron reformas fiscales que reducían aún más los aranceles; el monopolio estatal del tabaco de mascar y se hicieron varios intentos para asegurar el control civil sobre el estamento militar. Pero la medida más controvertida fue la ley de 1824 que ratificaba para la nueva República el derecho del patronato, es decir, el control que tradicionalmente ejercía el
En materia educativa, Santander promovió la fundación de escuelas y universidades hasta donde lo permitieron los limitados recursos económicos y el número de maestros disponibles.
Pese a los iniciales signos de desafecto del clero, en términos generales la Gran Colombia de los primeros años resultó notablemente exitosa. Sin embargo, a mediados de 1826, aunque los ingresos por aduanas habían aumentado paralelamente a las importaciones, otras rentas no lograban crecer. Mientras tanto, el tesoro estaba recargado con obligaciones que los virreyes nunca tuvieron que asumir, como el pago de sueldos a los congresistas y diplomáticos en el extranjero y a un estamento militar que había crecido inmensamente. Para colmo del descalabro financiero, Colombia era ya deudora morosa de un préstamo logrado en 1824 de inversionistas ingleses por la exorbitante suma de treinta millones de pesos. Pero lo peor estaba por venir, pues a los problemas financieros, se unió el espíritu separatista venezolano, sustentado en la acusación a Santander de ignorar a Venezuela en los principales nombramientos, de actuar como un déspota, de malversación de fondos y muchas otras cosas.
Justificada o injustificadamente, los venezolanos en general estaban convencidos de que la Nueva Granada estaba absorbiendo una porción indebida de los beneficios que brindada la unión. En el fondo, se sentían disminuidos en dignidad e importancia por el simple hecho de formar parte de la Gran Colombia, especialmente teniendo en cuenta que el gobierno estaba centralizado en Bogotá. Así, en las elecciones nacionales de 1826, de los 176 votos electorales venezolanos, 41 fueron a favor de la reelección de Santander en la vicepresidencia.
Poco tiempo después de que el Congreso grancolombiano confirmara la reelección de Bolívar y de Santander, se inició la revuelta en Venezuela y con ella la disolución de la Gran Colombia. El detonante fue el intento del Congreso de enjuiciar a José Antonio Páez, quien como comandante militar de la región central de Venezuela y estando Bolívar todavía en el Perú, constituía la figura más poderosa de la escena venezolana. El concejo de la ciudad de Caracas había acusado a Páez de conducta ilegal y arbitraria en el reclutamiento de civiles para la milicia de esta ciudad. Cuando Páez fue llamado a Bogotá para su juicio ante el Congreso, el general decidió levantarse en rebeldía. Gran parte de Venezuela se unió al movimiento, pidiendo más autonomía regional. Apoyado por los llaneros, y quizás estimulado por los militares y federalistas radicales venezolanos que lo rodeaban, empuño el estandarte de la rebelión el 30 de abril de 1926.
La reacción oficial contra Páez no fue homogénea: Santander era partidario de la línea dura; Bolívar era más tolerante en la creencia de que Páez y los militares eran víctimas del liberalismo excesivo de los políticos civiles, que pretendían destruir a sus libertadores. Bolívar estaba convencido de que las cosas no habían ido bien en la Gran Colombia y atribuía los problemas en gran parte a la desmedida prisa de Santander y los suyos por adelantar las reformas liberales, que consideraba adecuadas en teoría pero prematuras. De hecho, las políticas reformistas poco tenían que ver con la revuelta de Páez, pero el descontento que provocaban había contribuido sin duda a propagar la sedición. Por lo demás, Bolívar acababa de redactar una constitución en Bolivia, que esperaba pudiera contribuir a la unión. Se trataba de un documento que proponía una legislatura dividida en tres corporaciones y un presidente vitalicio como figura central, que además designaría a su sucesor. El presidente tendría poderes legales muy limitados, pero su ejercicio vitalicio le concedería un amplio margen de influencia moral, necesaria, según él, para gobernar las naciones latinoamericanas.