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Millones de mexicanos fuimos testigos del modo burdo y descarado en cómo se alteró la voluntad popular el mismo día de la elección con el robo y embarazo de urnas y de paquetes electorales. El fraude se completó con una acción masiva de alteración de actas con los resultados. Fue una operación de Estado donde las decisiones se tomaron al más alto nivel de decisión de Gobierno y con la participación no sólo del PRI, sino de prácticamente todo el aparato de Gobierno.
A fines de 1988 el fraude se documentó en el libro Radiografía del Fraude, de José Barberán y Cuauhtémoc Cárdenas (Editorial Nuestro Tiempo). En ese libro se mostraron las notables inconsistencias estadísticas de las cifras oficiales.
El año pasado Francisco Cantú publicó un artículo con resultados de la revisión de más 54 mil actas con los resultados electorales. En dicho estudio encontró que se alteraron los resultados de más de 19 mil actas de las 54 mil 493 casillas instaladas, es decir más del 36% del total y que dichas alteraciones fueron para favorecer al candidato del PRI (Nexos, noviembre 2017).
La noche del 6 de julio de 1988 el entonces secretario de Gobernación, Manuel Barlett (hoy aliado de Andrés Manuel López Obrador), dijo que el sistema de resultados se había caído. Según Cantú, esa caída del sistema no fue para operar el fraude en los sótanos de Gobernación, sino para “darle tiempo a los gobernadores y funcionarios de cada junta distrital para confeccionar las actas a favor del PRI”.
Recordar el fraude de 1988 no es un mero ejercicio de memoria, sino una denuncia política porque con dicho fraude no sólo se impuso a un Presidente. Mediante el fraude se alteró la voluntad popular y de ese modo se impidió que la mayoría de la sociedad sacara del poder a un partido y se cambiara la política económica impuesta. En estricto sentido el fraude de 1988 fue el equivalente a un golpe de Estado.
Y gracias a ese golpe de Estado se impusieron las políticas económicas radicales de libre comercio, privatizaciones y concesiones de bienes públicos a las corporaciones privadas.
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