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Respuesta:
Junto con la villa, la provincia, la misión y el presidio, instituciones españolas de las que ya hemos hablado, existió en el noroeste colonial otro importante establecimiento llamado real de minas. Se trataba esencialmente de un distrito minero en donde las autoridades, además de ejercer las funciones de gobierno, judiciales, fiscales y militares, debían aplicar las medidas conducentes al incremento de la producción de metales. Las autoridades superiores habían elaborado unas ordenanzas que los administradores del real de minas debían aplicar con firmeza y sagacidad. Con frecuencia, el administrador era el mismo alcalde mayor de la provincia, ya que aquí se podían obtener las mayores ventajas económicas.
El alcalde o el administrador del real de minas podía adjudicar a cualquier vecino la propiedad de un terreno en el que hubiera descubierto una veta de metal, pero no debía permitir el acaparamiento de minas. El denunciante conservaba la propiedad sólo si la trabajaba, porque de interrumpir el laboreo por más de cuatro meses la mina quedaba vacante y podía ser denunciada por otra persona. En la legislación española se establecía que el subsuelo y sus riquezas eran propiedad del rey, quien cedía el usufructo de las minas a cambio de la quinta parte del metal producido. Era, pues, obligación del alcalde vigilar que estuvieran activas y que se llevaran la plata a quintar, es decir, a pagar el impuesto del real quinto a alguna población donde hubiera una Real Caja, ya que en el noroeste no hubo una durante el siglo XVII.
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