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Toda persona tiene derecho a unos ingresos suficientes para que él o ella y sus familias puedan vivir con dignidad. Bien está -ésa es la parte esencial de nuestra labor- ofrecer formación o microcréditos a los más pobres para que puedan aspirar a un trabajo mejor remunerado, abrir su propio negocio o aumentar el rendimiento de sus pequeñas explotaciones agrarias, pero nuestra labor no puede limitarse a lo asistencial y aislarse de la realidad social y política en la que se produce, sino que hay que empeñarse también en cambiar las instituciones (entre ellas, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial de Comercio) y las estructuras que favorecen un reparto injusto de la riqueza que se produce cada día en el mundo.