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La esclavitud y la explotación doméstica todavía constituyen hoy día una práctica generalizada en Perú, anclada en costumbres ancestrales entremezcladas con rezagos coloniales de discriminación étnica y de clase que han convertido esas prácticas de abuso en algo normalizado.
La pobreza, la ignorancia y la falta de legislación sobre algunos aspectos del trabajo doméstico abren la puerta a la servidumbre y la explotación en ese ámbito, y dificultan su represión hasta hacerla casi inexistente.
En Perú, el trabajo remunerado en el hogar ocupa al 1,1 % de la población, según cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática peruano (INEI, 2016), un empleo en el que aún se arrastran características propias de las relaciones de servidumbre de tipo feudal y que además está muy poco valorado socialmente, mal pagado y que dependen absolutamente de la voluntad del empleador.
La primera ley expresa sobre el trabajo doméstico se hizo en Perú en 2003, norma que sin embargo es duramente criticada por ONGs y sindicatos por haber configurado un régimen laboral que deja abiertas diversas posibilidades a la perpetuación de los abusos.
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