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La minería ilegal es tal vez uno de los problemas más difíciles de afrontar que tienen las autoridades hoy en el país.
Los graves efectos sobre los yacimientos mineros, los daños ambientales y las enormes pérdidas en materia de regalías, contraprestaciones e impuestos, son incalculables. El porcentaje de frentes de trabajo ilegales supera en manera considerable, las minas activas que trabajan con base en un título minero vigente.
Son varias las medidas legislativas y administrativas que se han adoptado, pero poca la efectividad de las mismas para poner bajo control este fenómeno. En materia legislativa, la ley 1382 de 2010, tan desafortunada en tantos aspectos, en su artículo 12, parágrafo 2, consideró legal “el barequeo consistente en extracción de materiales de arrastre, siempre y cuando se realice con herramientas no mecanizadas y con una extracción que no supere un volumen de 10 metros cúbicos por día, por longitud de ribera de 200 metros de largo”. Quienes conocen del tema minero tienen claro que no hay nada más dañino que la minería sin diseño técnico, en los lechos de los ríos. Tal tipo de minería, debe ser efectuada por empresas mineras, con el seguimiento de un diseño técnicamente elaborado y bajo la dirección de ingenieros competentes, para garantizar, no solo que no se afecte el río, sino que pueda llegar incluso a beneficiarse, a través de la mayor capacidad portante que se le recupere, al remover esos materiales.
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