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El impulso de la democracia y el apoyo a la sociedad civil han sido elementos clave que han definido la política de adhesión desde la ampliación hacia el este. Los candidatos deben tener una democracia en funcionamiento como requisito político para ingresar en la Unión Europea, y una sociedad civil dinámica se interpreta como una prueba de que existe democracia y una buena gobernanza, puesto que permite a los ciudadanos asociarse libremente y tomar parte en la acción cívica, ya sea para influir en las políticas del gobierno o para dar voz a las inquietudes de determinados sectores de la población. Este interés por la promoción de la sociedad civil responde asimismo a dos desafíos a los que se enfrenta la Unión Europea. En primer lugar, la participación de los actores cívicos en el gobierno de la Unión se ha presentado no solo como un mecanismo para garantizar una buena gobernanza, sino también como un instrumento útil para implicar a los ciudadanos y, de ese modo, combatir el déficit democrático que se percibe en la Unión, así como su indiferencia por la vida del europeo medio. En segundo lugar, la expansión territorial de la UE ha generado mucha controversia entre los ciudadanos de esta. Una reciente encuesta del Eurobarómetro revela que, a día de hoy, el porcentaje de encuestados dentro de la UE que se declara en contra de una ulterior ampliación (49%) es mayor que aquel a favor (37%) (Eurobarómetro, 2014, pág. 143). Así pues, la UE ha invitado a participar a la sociedad civil con el objeto de fomentar el debate público sobre el proceso de ampliación y, de ese modo, resolver la creciente oposición tanto dentro de la UE como en los países candidatos.
Este artículo analiza el papel transformador de la Unión Europea desde el prisma de la estrategia de promoción de la sociedad civil en los países candidatos, impulsada por su política de ampliación, y trata de situar ese análisis dentro del debate más amplio sobre la democracia en la UE y la posición de su política de ampliación tras la crisis financiera. Se trata de un tema relevante por tres motivos: en primer lugar, porque nos permite examinar la capacidad de la UE para promover un cambio más allá de sus fronteras, con el fin de establecer un modelo concreto de democracia y de identificar los mecanismos a través de los cuales es posible promover y respaldar ese cambio. Esto toca un debate académico más amplio sobre el poder normativo de la UE, es decir, la capacidad de la Unión para proyectar sus valores fundamentales por medio de mecanismos de recompensa (ingreso en la UE), apoyo (asistencia financiera) o castigo (demora del ingreso o suspensión de las negociaciones de adhesión). En segundo lugar, porque nos permite discutir aspectos relativos a las tentativas de la UE de hacer frente a su déficit democrático mediante la promoción del papel de la sociedad civil y la participación ciudadana, acercándonos así a un debate más amplio sobre la democracia y la legitimidad en Europa en un momento en que la integración europea se ha convertido en un tema muy controvertido. En tercer lugar, el estatus de la política de ampliación dentro de la UE y su influencia en toda Europa han cambiado de forma radical como consecuencia de la redefinición que ha realizado la UE de la ampliación como herramienta política, de los desafíos derivados de la adhesión de nuevos miembros y de los efectos de la crisis financiera de 2008. El hecho de que la ampliación ya no sea una de las prioridades políticas de la UE, sino que haya quedado englobada en una política europea de vecindad más amplia, nos permite reflexionar sobre el modo en que cambian las prioridades políticas de la UE ante desafíos más inmediatos, tales como la crisis económica de la eurozona, la crisis de los refugiados o las tensas relaciones entre la UE y Rusia.
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