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Respuesta:
Las entidades sociales que formamos parte de este Servicio de Asistencia somos conscientes de que los casos registrados y publicados en nuestros informes sobre discriminación son la punta del iceberg, porque nos encontramos ante una grave situación de infradenuncia de los incidentes discriminatorios cuya causa radica en la asimilación del rechazo por parte de las víctimas, el desconocimiento de sus derechos, el miedo a las represalias y la desconfianza en la efectividad de la denuncia.
Desde el Servicio somos conscientes de la importancia de seguir impulsando acciones de información y sensibilización a las potenciales víctimas en todas las localidades, las cuales, ante un caso de discriminación deben sentirse acompañadas durante todo el proceso, así como trabajar en red con los agentes profesionales clave y los distintos operadores jurídicos, incluidas las distintas administraciones a quienes consideramos piezas imprescindibles en este proceso de empoderamiento de las víctimas. Persiste el desconocimiento por parte de la sociedad de la legislación antidiscriminatoria vigente, un hecho que sin duda repercute en las víctimas teniendo un doble impacto: por un lado, no saben el alcance de sus derechos y por tanto asimilan la discriminación como algo normal y por otro, con respecto a la sociedad en general, ésta sigue percibiendo que discriminar es una conducta carente de un reproche jurídico adecuado.
La limitada eficacia normativa de la legislación antidiscriminatoria española, especialmente a la hora de sancionar a los agentes discriminatorios y de reparar los daños sufridos por las víctimas, es, sin duda una cuestión que tenemos que abordar, ya que restringe en muchos casos las estrategias de actuación ante la discriminación racial o étnica y, por tanto, siguen condicionando los resultados de las mismas.
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