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Respuesta:
La Ley General de Desarrollo Social mandata al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) como el órgano encargado de emitir los lineamientos y criterios para medir la pobreza, lo cual deberá llevarse a cabo con una periodicidad de dos años. Los criterios tomados en cuenta son: ingreso corriente per cápita, rezago educativo promedio en el hogar, acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacio de vivienda, acceso a los servicios prácticos en la vivienda, acceso a la alimentación y grado de cohesión social. A partir de lo anterior, el CONEVAL mide la pobreza como un fenómeno multidimensional, en el que el ingreso es un factor interrelacionado con la carencia de los derechos sociales, estos últimos medidos por los indicadores elaborados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI.
En fechas recientes, esta entidad publicó el Informe de Evolución de pobreza 2010-2016. Los siguientes son algunos de los resultados:
En 2016, 43.5% de la población de nuestro país se ubicó en situación de pobreza, entre ellos, 35.9% en pobreza moderada y 7.6% en pobreza extrema. Es importante advertir que 70.4% de la población total cuenta con al menos una carencia social y 18.7% con al menos tres carencias sociales.
Respuesta:
La relación entre la educación y la pobreza es una relación construida. No
es obvia o “natural”, no obstante la idea muy difundida acerca de que la
educación es una de las formas privilegiadas de evitar y/o salir de la pobreza. Las ideas de pobreza y de educación son constructos asociados a supuestos e intenciones sociales que responden a los intereses de diversos grupos sociales específicos. El propósito de este artículo es dar cuenta de cómo se construye
la relación educación y pobreza, específicamente en la investigación educativa, y
de cuáles son las consecuencias prácticas de esa elaboración.
Explicación: