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GINEBRA (25 de junio de 2019) – Un grupo de expertos de la ONU* advirtió sobre la erosión de la naturaleza, la extinción de especies y la pérdida de diversidad biológica en tasas sin precedentes, lo cual amenaza gravemente los derechos humanos para las presentes y futuras generaciones.
En una declaración posterior al lanzamiento de un nuevo informe científico de la Plataforma Intergubernamental de Ciencia y Política sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas (IPBES), los expertos independientes manifestaron que estaban alarmados por la pérdida acelerada de biodiversidad de la que depende la humanidad. La evaluación global más completa del estado de la naturaleza encontró que más de un millón de especies están en peligro de extinción.
“La pérdida de la biodiversidad mundial está teniendo y seguirá teniendo efectos devastadores en una amplia gama de derechos humanos durante las próximas décadas. Este informe es un claro recordatorio de que simplemente no podemos disfrutar de nuestros derechos humanos básicos a la vida, la salud, los alimentos y el agua potable sin un medio ambiente sano”, resaltó hoy David Boyd, Experto de la ONU sobre derechos humanos y medio ambiente.
La falta de protección de la biodiversidad puede constituir una violación del derecho a un medio ambiente sano, un derecho legalmente reconocido por 155 Estados y que ahora debería ser reconocido globalmente como fundamental, agregaron.
“La protección de la diversidad biológica es indispensable para cumplir con el derecho a alimentos disponibles, accesibles, sostenibles y nutritivos. La agricultura industrial es uno de las principales culpables del deterioro de la biodiversidad, es vital contar con políticas eficaces y equilibradas para proteger la salud de los ecosistemas, mientras se producen suficientes alimentos nutritivos para todos y todas”, resaltó Hilal Elver, Relatora Especial sobre el derecho a la alimentación.
Desde la polinización hasta la fotosíntesis, todos los seres humanos dependen de ecosistemas saludables. Pero las comunidades más pobres del mundo, los pueblos indígenas, los agricultores y los pescadores son particularmente vulnerables al impacto negativo de los cambios en el clima, la biodiversidad y las funciones de los ecosistemas.
“El informe de la IPBES debería estar haciendo sonar la alarma sobre la urgencia de transformar las economías y las sociedades en direcciones más limpias y ecológicas”, dijeron los expertos.
“A medida que se aceleran los efectos devastadores de la contaminación y el cambio climático, se vuelve esencial utilizar todas las herramientas disponibles, incluida la regulación efectiva de las empresas, para enfrentar estos desafíos planetarios”, declararon los miembros del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas. Sin embargo, agregaron, que también es vital que a medida que se tomen medidas urgentes para proteger el resto de la naturaleza, esas acciones respeten y protejan los derechos humanos.
“En el pasado, las acciones de conservación tales como los nuevos parques y los esfuerzos de energía renovable han violado los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales. El uso de un enfoque basado en derechos, como lo recomienda el informe de la IPBES, evitará este tipo de violaciones en el futuro”.
“Como la mayoría de los puntos críticos de biodiversidad del mundo se superponen con los territorios de los pueblos indígenas, la protección de sus derechos sobre estos territorios es un imperativo”, subrayó Victoria Tauli-Corpuz, Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas.
Los estados ya han alcanzado acuerdos para combatir las causas de la pérdida de biodiversidad, que incluyen la destrucción de hábitats, la caza ilegal, la tala y la pesca, la sobreexplotación de tierras, pesticidas y otros agroquímicos, la contaminación y el cambio climático. Pero ahora se necesitan medidas urgentes para implementar marcos legales e institucionales para proteger la biodiversidad y todos los derechos humanos que dependen de ecosistemas saludables. Los gobiernos deben garantizar la información pública y la participación en las decisiones relacionadas con la biodiversidad y proporcionar acceso a reparaciones efectivas para su pérdida y degradación, concluyeron los expertos.
FIN
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