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EL ARTÍCULO 26 DE LA CONSTITUCIÓN de Ecuador establece el ámbito y alcance de la participación de los ciudadanos y ciudadanas. No limita la participación al marco establecido por la representatividad, sino que abre un espectro amplio de derechos políticos tanto en la esfera de la participación ciudadana en instancias representativas del gobierno (elegir y ser elegidos; desempeñar funciones públicas) como en otros ámbitos (consultas populares, fiscalización de los actos del poder público, revocatorias del mandato, presentación de proyectos de ley)1. La Constitución ecuatoriana, de este modo, configura un espacio significarivo para que la iniciativa ciudadana incursione en esferas de influencia sobre el poder público. Constitucionalmente hablando, la ciudadanía en Ecuador no se agota en un ejercicio pasivo de derechos y obligaciones; tiene el potencial de proyectarse a esferas que podríamos llamar de ejercicio de una ciudadanía activa.
2Este texto analiza las posibilidades y limitaciones de la participación ciudadana y el involucramiento de la sociedad civil en democracias latinoamericanas en consolidación como la ecuatoriana. Para ello, se parte de un claro distanciamiento de las posiciones antipolíticas que han ganado terreno en Ecuador y en América Latina en los últimos años y se hace un llamado a desarrollar una ciudadanía activa como una herramienta para fortalecer los sistemas democráticos en la región. El texto busca responder varias preguntas: ¿cómo puede fortalecer la participación de los ciudadanos el sistema vigente de democracia representativa? ¿Cuál es la relación más apropiada entre partidos y sociedad civil? ¿Cuáles serían las claves de acción para el ejercicio de una ciudadanía activa en democracias débiles como la ecuatoriana? La respuesta a estas interrogantes conduce a pensar la participación ciudadana como un método para fortalecer la democracia a través de, al menos, cuatro líneas de intervención: 1) la exigencia y ampliación de derechos; 2) el control social y la petición de cuentas; 3) la colaboración y el cogobierno hacia el fortalecimiento de la institucionalidad democrática; y 4) la innovación política. El texto concluye con una reflexión sobre la necesaria articulación entre representación y participación, entre la política representativa de los partidos y la política constituyente de las organizaciones de la sociedad civil, todo ello en la dirección de construir una democracia con la capacidad tanto de producir los resultados que la sociedad demanda como de consolidar una institucionalidad política que garantice las libertades fundamentales y la igualdad de oportunidades de los ciudadanos y ciudadanas.
Explicación:gracias por los puntos xd