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Tras la Comisión Brundtland de 1983, el siguiente acontecimiento internacional significativo fue la «Cumbre sobre la Tierra» (Cumbre de Río), celebrada en junio de 1992 en Río de Janeiro. Denominada Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, en ella estuvieron representados 178 gobiernos, incluidos 120 Jefes de Estado. Los resultados de la Cumbre incluyen convenciones globales sobre la biodiversidad y el clima, una Constitución de la Tierra de principios básicos, y un programa de acción, llamado Agenda 21, para poner en práctica estos principios ambientales de desarrollo sostenible.
Los resultados se vieron empañados por la negativa de algunos gobiernos a aceptar los calendarios y objetivos para el cambio (por ejemplo, para la reducción de emisiones gaseosas que conducen al calentamiento global), a firmar ciertos documentos (había quien opinaba que el Convenio sobre la Diversidad Biológica debilitaba las industrias de biotecnología de los países industrializados), o a aceptar la adopción de medidas vinculantes. En sus 41 capítulos, el programa de acción contenido en la Agenda 21 aborda casi todos los temas relacionados con el desarrollo sostenible que se puedan imaginar, pero no está lo suficientemente financiado.
No obstante, la Cumbre fue un trascendental ejercicio de concienciación a los más altos niveles de la política. A partir de ella, ningún político relevante podrá aducir ignorancia de los vínculos existentes entre el medio ambiente y el desarrollo. Además, dejó claro que eran necesarios cambios fundamentales para alcanzar un desarrollo sostenible. El tamaño y crecimiento de la población deben estar en armonía con la cambiante capacidad productiva del ecosistema.
Diez años más tarde, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) convocó la «Cumbre sobre Desarrollo Sostenible», también conocida como «Río+10» por celebrarse una década después de la primera Cumbre de la Tierra. Los acuerdos finales acordados en esta Cumbre, que reunió en la ciudad surafricana de Johannesburgo a representantes de 191 países, incluyeron una Declaración Política, que formula una serie de principios para alcanzar el desarrollo sostenible, y un Plan de Acción en el que destacan los siguientes compromisos:
a) reducir a la mitad en 2015 la población que vive sin agua potable y sin red de saneamiento de aguas residuales.
b) recuperar, en el año 2015, las reservas pesqueras «donde sea posible» y crear, antes de 2012, una red de áreas marítimas protegidas y reducir las capturas para devolver a niveles saludables los caladeros de pesca.
c) reducir significativamente la pérdida de biodiversidad antes de 2010.
d) minimizar, antes de 2020, el impacto producido por la emisión de productos químicos al medio ambiente.
Sin embargo, la Cumbre de Johannesburgo decepcionó a las organizaciones no gubernamentales (ONGs) que esperaban acuerdos concretos en otros aspectos como el aumento de las fuentes de energía renovables o la lucha contra la pobreza.
En el Protocolo de Kioto (acordado en diciembre de 1997 y que entró en vigor en febrero de 2005), se estableció que los países desarrollados debían reducir sus emisiones de gases causantes del efecto invernadero en un 5,2% entre el año 2008 y el año 2012 respecto de las emisiones del año 1990. Este protocolo debe ser ratificado por al menos 55 países desarrollados cuyas emisiones de gases de efecto invernadero sumen el 55% del total.
En julio de 2001, en la cumbre celebrada en la ciudad alemana de Bonn, se logró un acuerdo global sobre las condiciones para poner en práctica el Protocolo de Kioto. El acuerdo de Bonn fue firmado por 180 países, entre los que no figuraba Estados Unidos, que no ratificó este acuerdo mundial. En octubre de 2001, se celebró en Marrakech la VII Reunión de las Partes de la Convención Marco sobre el Cambio Climático, en la que se terminaron de resolver algunos asuntos que habían quedado pendientes en Bonn. El acuerdo adoptado establece cómo tienen que contar los países sus emisiones de efecto invernadero, cómo pueden contabilizar los llamados sumideros de dióxido de carbono (bosques y masas forestales capaces de absorber los gases de efecto invernadero), cómo serán penalizados si no lo cumplen y cómo deben utilizar los mecanismos de flexibilidad (compraventa de emisiones entre países).
La gravedad y magnitud del problema es tan grande que la Cumbre Mundial para el Desarrollo Sostenible recomendó a la Asamblea General de las Naciones Unidas «proclamar un Decenio dedicado a la educación para el desarrollo sostenible, a partir de 2005 hasta el 2015» que pretende promover la educación como fundamento de una sociedad más viable para la humanidad e integrar el desarrollo sostenible en el sistema de enseñanza escolar a todos los niveles, que lleve a un cambio de actitud y a otro modelo de desarrollo más justo y a favor del medio.
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