Respuestas
Respuesta:
si
Explicación:
En un contexto tan incierto como el actual, son muchas las amenazas a las que se enfrenta la AP.
En la etapa inicial de contención de la epidemia, la AP, ante el pronto colapso en los sistemas de coordinación de emergencias sanitarias, supo reaccionar y ponerse a cargo del seguimiento de una gran parte de la población infectada que no requeriría manejo hospitalario. Se trata de un trabajo «poco heroico», que no resuena en los medios de comunicación, a pesar de ser muy valorado por los y las pacientes confinados en sus domicilios con escasos contactos y elevada preocupación por su situación personal y alarmados por la repercusión de la epidemia.
A medida que la epidemia ha ido extendiéndose, los equipos de AP, previamente mermados por una situación de recortes y precarización de plantillas arrastrada desde hace décadas, han ido acumulando bajas que han cercenado nuestra capacidad de respuesta. Esto, unido a la reubicación de muchos y muchas profesionales para atender focos de infección múltiple en residencias y para nutrir efectivos de hospitales de campaña, está provocando el cierre de muchos centros de salud y consultorios rurales, de efectos impredecibles sobre la población de barrios y pueblos enteros. La accesibilidad a la AP, pues, queda seriamente comprometida en el momento en el que más necesidad hay. Asistimos a un hecho inaudito: la suspensión de facto de la AP de salud en sectores muy extensos de la población y por tiempo indefinido.
Este sobreseimiento de la AP supone, de manera paralela, un aplazamiento de la atención de otras enfermedades, lo que previsiblemente tendrá un drástico efecto sobre la morbilidad. El parón en seco de prácticamente la totalidad de la atención sanitaria que no esté vinculada al COVID-19 provocará, a corto plazo, retrasos diagnósticos y demoras en los tratamientos. Pero dichos contratiempos previsiblemente van a ser menos acusados en aquellos que tengan acceso a la sanidad privada, cuya implicación en la contención y mitigación de esta crisis va a ser menor que en la sanidad pública. Por tanto, las desigualdades en el acceso a la sanidad corren el riesgo de acentuarse.
A esto habrá que añadir los duelos y malestares que se están gestando como consecuencia de un confinamiento doméstico sostenido: las personas y familias que tengan menor capacidad y recursos para absorber dicha situación quedarán más debilitadas. Por último, a medio plazo, habrá que considerar los efectos de la crisis económica que se avecina en términos de desempleo y desigualdades sociales2. Todo esto acontecerá en un contexto caracterizado por el adelgazamiento del sistema público para sostener y amortiguar las inequidades y los efectos sociales de la crisis en los colectivos más vulnerables. «Cuando todo esto pase», la AP deberá recomponerse en un hipotético escenario repleto de consecuencias sociales y sanitarias desfavorables, con unos recursos menguantes y con personal mermado, donde contaremos con una atención hospitalaria igualmente desgastada.
La reconfiguración de lo que queda de la AP está provocando también una crisis de nuestros roles profesionales. La polivalencia y la resolutividad —cualidades que nos definen, y que desde lejos han sido mal traducidas en el argot gerencial como «capacidad multitarea»—, han servido para ampliar nuestras competencias profesionales (manejo de situaciones de emergencia sanitaria, gestión de crisis de salud pública), pero también para justificar, en ocasiones, la imposición de tareas clínicas más propias de la asistencia hospitalaria. Esto no solo contribuye a que nos sintamos desubicados, sino que también hace que sintamos que, desde ámbitos políticos y de gestión, se considere que nuestras funciones son superfluas o inoperantes en situaciones extremas, cuando, como hemos visto el artículo «Contra el coronavirus, más Atención Primaria que nunca», todo apunta a todo lo contrario.