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Explicación:Hace varios años que la Fundación ICEERS, con el apoyo de organizaciones aliadas como Transnational Institute, ha asistido a la defensa de personas migrantes procesadas en España (y en otros países europeos) por la posesión e importación de hojas de coca destinadas al uso tradicional. Dichas personas provienen de países donde existe un marco legal para el uso de la hoja de coca, como Colombia, Bolivia, Perú y Argentina. Estos casos han tenido diferentes resultados, y las sentencias judiciales no han sido uniformes. Esto dificulta el ejercicio del derecho de estas comunidades a disfrutar de su propia cultura, lo cual plantea nuevos retos en relación al respeto de los derechos humanos en el marco del control de drogas. Retos que han de encontrar una respuesta política en el marco de la Agenda 2030 y de los objetivos de desarrollo sostenible, que se están perfilando como el nuevo marco de referencia de los organismos de control de drogas y del debate internacional en la materia.
Hace dos años celebramos el resultado positivo de un caso judicial relacionado con hoja de coca en Girona, España. Tras tres años de incertidumbre, el Ministerio Fiscal, durante el juicio, decidió retirar los cargos por los que se procesaba a un ciudadano colombiano residente en Cataluña por haber recibido por correo postal un paquete que contenía unos 2 kilogramos de hoja de coca pulverizada. Aunque la absolución del acusado, a quien se le imputaba la comisión de un delito contra la salud pública, fue una gran noticia para la persona procesada, sus familiares, amigos y para quienes abogamos por una reforma de las políticas de drogas, la resolución no dio lugar a una sentencia firme que pudiera ser utilizada como precedente en casos futuros.